Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la campaña presidencial de 2010, infestada de dineros provenientes de la multinacional brasileña Odebrecht -hoy envuelta en el peor escándalo de corrupción de América Latina- el Consejo Nacional Electoral está en mora de levantar la caducidad que la cobija y proceder de inmediato a investigar todo lo acontecido en esa contienda electoral.

Los aspirantes de la época deben expresar su voluntad de que sus cuentas y sus libros sean revisados de forma minuciosa para saber hasta dónde llegaron los tentáculos de Odebrecht. No solo la de Juan Manuel Santos, que está comprometida de forma grave en actos ilícitos, como lo admitió el gerente de la campaña en ese momento, Roberto Prieto, en entrevista concedida a Blu Radio. Lo admitido por Prieto es gravísimo y ese comportamiento no puede estar blindado por un formalismo relacionado con el paso del tiempo. Cuando se trata de actuaciones dolosas y criminales -no simples acciones irregulares, como piensa Prieto- la caducidad no puede ni debe permitirse, igual sucede con los crímenes de Lesa Humanidad.

Hace bien el Presidente Santos en ordenarle al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que indague ante el Consejo Nacional Electoral si las cuentas de su campaña de 2010 están caducas por tratarse de hechos sucedidos hace ya 17 años. “He pedido al ministro del Interior que pregunte al Consejo Nacional Electoral si campaña de 2010 todas las cuentas están caducas y si se puede levantar esa caducidad“, afirmó Santos, ante el reconocimiento por parte de Prieto de que su campaña recibió 400.000 dólares de Odebrecht para el pago de dos millones de afiches.

Si de lo que se trata es de luchar en serio contra la corrupción que nos devora y que se ha convertido en el cáncer nacional, entonces hay que adoptar medidas extremas, como la de levantar la reserva que protege a las campañas presidenciales celebradas años atrás. Todas deben ser investigadas. ¡Todas! Incluyendo -claro- la de Ernesto Samper que lo llevó a la Presidencia en 1994 y que fue financiada con dineros provenientes del “Cartel de Cali”.

En aquel momento Samper fue absuelto por la Cámara de Representantes, pero el país debe saber quién o quiénes fueron capaces de meterle seis millones de dólares a la campaña liberal, a “espaldas” del candidato, como el propio Samper lo declaró. Ese nefasto capítulo de la historia nacional nunca terminó de cerrarse.

Pero debe cerrarse por el bien de la Patria. Colombia necesita dejar atrás está página dolorosa y oscura de corrupción política, que ahora parece repetirse en cuerpo del Presidente Santos. Y se repite porque la lección de Samper y el proceso 8.000 no fue aprendida. Samper salió fortalecido de un episodio vergonzoso, lamentable y triste, que manchó para siempre el Solio de Bolívar. Y eso no puede volverse costumbre. El país no merece tanta deshonra. ¡Ya basta de esconder la basura debajo de la alfombra!