No causó sorpresa la decisión de la multinacional española Gas Natural Fenosa (GNF) -dueña de Electricaribe y de otras empresas que operan en Colombia- de escalar el pleito que se desató por cuenta de que el Gobierno intervino con fines de liquidación a la compañía encargada de prestar el servicio de energía a  más de 7 millones de habitantes de la Región Caribe.

Aunque la decisión de GNF, como diría Marcos Pérez, “se veía venir”, el hecho genera mucho ruido internacional y ello podría afectar el buen nombre que tiene Colombia como país que respeta y garantiza la inversión extranjera. Que la multinacional española se atreva a calificar el procedimiento del Gobierno como una “expropiación”, no sólo es desacertado y absurdo, sino que dispara las alarmas de quienes podrían estar interesados en invertir en Colombia, ahora en tiempos de paz, como tantas veces ha pregonado el Gobierno en el exterior.

De manera que el asunto de Electricaribe llegó a los tribunales internacionales, con todo lo que ello implica, especialmente en las relaciones entre nuestro país y España. La demanda de GNF contra Colombia es del orden de los mil millones de euros. El presidente Juan Manuel Santos -luego de conocer la demanda de GNF ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil y el informe presentado ante la OCDE-  afirmó que espera que el conflicto no afecte las buenas relaciones entre los dos países, algo que resultará muy complicado, puesto que la palabra “expropiación” causa pánico en un país que ha tenido que padecer -ahí sí- despojos de sus empresas por parte del régimen chavista en Venezuela. Y al pretender “venezolanizar” a Colombia, GNF no solo muestra un absoluto desconocimiento de nuestra tradición y ordenamiento jurídico, sino que procede -sin duda- de muy mala fe.

Pero es apenas obvio que el pleito internacional también tendrá consecuencias para GNF, cuyos dueños decidieron apostarle a la trifulca, en lugar de asumir una postura sensata y razonable, que les permitiera afrontar la crisis desatada y adoptar las medidas necesarias para mejorar el servicio que prestan a los millones de usuarios. Esa muestra de sensatez jamás ocurrió. No hubo por parte de Electricaribe el menor interés por mejorar el servicio, mucho menos por optimizarlo, pese a las múltiples solicitudes y requerimientos por parte del Gobierno colombiano. La toma de posesión con fines de liquidación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos es producto de la ineficiencia de Electricaribe y de sus desacertadas decisiones financieras y estratégicas. Así de simple.

No se trata -claro está- de desconocer hechos evidentes, como la llamada “cultura del no pago”, o la cartera morosa de entidades públicas, como hospitales y cárceles, entre otras. En lo que tiene que ver con la cartera morosa en los barrios subnormales, por ejemplo, un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos muestra que en 2015, las sumas que no fueron recaudadas apenas equivalieron al 3,09 por ciento de la facturación total de ese año. En varias oportunidades GNF se quejó del bajo recaudo -y ello le sirvió para justificar su mal servicio- que pasó del 93 por ciento en 2008 -cuando llegó Gas Natural luego de la compra de Unión Fenosa- al 84 por ciento que existe en la actualidad. ¿No tendrá que ver la disminución del recaudo con el pésimo servicio? Llama la atención que -luego de la intervención- en varios sectores tradicionalmente “evasores” se empieza a observar un incremento en el pago.

El mal de Electricaribe no está en las sábanas. Tiene que ver con varios factores, entre ellos el desconocimiento absoluto del negocio en el que se embarcó GNF, así como en una gestión equivocada, que llevó a sus directivos a incrementar de manera desproporcionada recursos técnicos y humanos: “Mira Óscar, por increíble que parezca, para saber cuánto debe la tienda El Tropezón en Planeta Rica, Córdoba, hay que buscar ese dato en Barcelona, España. ¡De ese tamaño son las cosas!”, me dijo un alto directivo de la compañía.

Mala gestión -o mala fe- que se evidencian en el hecho de que ninguno de los compromisos adquiridos por Electricaribe en Enero de 2016 -cuando se puso en marcha el Plan 5 Caribe- fueron cumplidos por la empresa. De los 1.1 billones de pesos que debía invertir en los cuatro años a partir de 2016, en el reforzamiento del Sistema de Distribución Local (SDL) , no invirtió un peso, alegando que el Gobierno no había autorizado el aumento de las tarifas. Tampoco se amplió la cobertura, ni se mejoró el actual estado de las redes.

A todo ello hay que sumarle que a finales del año pasado Electricaribe entró en mora con la obligación de otorgar las garantías financieras para respaldar las transacciones en la Bolsa de Energía. En plata blanca ello se reduce a una sola palabra: apagón. La ecuación es simple: si Electricaribe no paga a quienes le venden la energía, entonces no tendrá más energía que vender. Y si no hay energía, hay apagón. O si se quiere, hay “una limitación en el suministro de energía”, que es la forma políticamente correcta de llamar al apagón.

Y la palabra apagón asusta tanto a los habitantes de la Región Caribe, como a un gobierno desprestigiado, que no está dispuesto a soportar la furia de 7 millones de habitantes iracundos por cuenta de no tener abanicos, ni aires acondicionados, ni cerveza heladas, ni televisión para poder ver “La Niña Emilia” por Telecaribe. Una Región Caribe con industrias paralizadas, con hospitales, colegios y universidades cerrados, con levantamientos populares y con quemas de sedes de la empresa en varios municipios.

Ante este panorama desastroso, el Gobierno no tuvo otra salida que intervenir en Noviembre del año pasado a Eletricaribe, y el 15 de Marzo de este año iniciar su proceso de liquidación, que nada tiene que ver con “nacionalización o expropiación” de la empresa, como dicen en España los voceros de GNF y replican prestigiosos medios de comunicación. ¿Qué sigue ahora para Electricaribe?

Intervención no es expropiación 

Para justificar su ineficiencia y pésimo servicio, Gas Natural Fenosa ha vendido en España y en otros países de Europa la tesis de que Electricaribe ha sido expropiada por el gobierno colombiano. Falso de toda falsedad. Punto. Pero además sostiene que no ha realizado las inversiones previstas, porque el sector público de Colombia es el principal moroso de la empresa. Eso tampoco es cierto. Existen deudas de alcaldías y gobernaciones, pero todas son gestionables, como me lo demostró un alto directivo de la empresa ahora intervenida. “Si el Gobierno paga -dicen en España- nosotros podríamos pagar la deuda y hacer inversiones”. Está demostrado que Electricaribe no hizo lo uno ni lo otro, no por falta de plata, sino de voluntad. Se trata de una intervención temporal, encaminada a mejorar el servicio, optimizar los recursos, pagar las deudas y “emperifollarla” para hacerla más atractiva para un futuro comprador. Una intervención no es una expropiación. Es -eso sí- consecuencia del incumplimiento sistemático por parte de una empresa en la prestación de un servicio.

¿Qué sigue ahora para Electricaribe?

Mientras aparece un nuevo pretendiente -una vez Electricaribe haya sido “emperifollada”-  el Gobierno tiene la obligación de garantizar la prestación del servicio y buscar una gestión mucho más eficiente desde el punto de vista operativo. Para ello se requiere garantías: si no las hay, no habrá buena gestión. Esa tarea ha sido encomendada al ex presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Edgardo Sojo, quien sabe muy bien que para una buena gestión se requiere planificación y tiempo. Debido a la intervención, la empresa tiene congelados 2.5 billones de pesos, lo que afecta su estado financiero. Se requiere con urgencia el pago de gobernaciones, alcaldías,  hospitales y cárceles, entre otros, para que la empresa pueda cumplir con proveedores, hacer mantenimiento de redes y mejorar el servicio.

El Gobierno tampoco ha hecho la tarea

Una cifra muestra el criterio con que el gobierno de Juan Manuel Santos ha manejado el sector de Minas y Energía: seis ministros en siete años. ¿Cómo los quiere? ¿Bogotanos? ¿Guajiros? ¿Vallunos? ¿Altos? ¿Bajitos? ¿Gorditos? Así también resulta muy difícil sacar adelante una serie de proyectos y de iniciativas que contribuyan a mejorar el servicio de energía eléctrica. El Plan de Expansión, por ejemplo, sufrió  severos retrasos, aunque en la actualidad hay más de treinta proyectos en ejecución por cerca de 3.5 billones de pesos. Por falta de una buena política, o de un “ministerio con peso”, al sector le pegaron un tijeretazo en el Presupuesto General de la Nación de más de 1.5 billones de pesos, lo que se traduce -obviamente- en rezagos estratégicos del sector, ineficiencia y pérdida de competitividad, como ocurre con la Región Caribe.

¡Señores políticos, a kilómetros, por favor!

En la Cumbre de Gobernadores de la Región Caribe, que se llevó a cabo en Cartagena, los mandatarios le propusieron al Gobierno “tener una activa participación en lo que será la elección del nuevo operador que reemplace a la empresa en liquidación Electricaribe”. Mala idea. O mejor: pésima idea. A Electricaribe llegamos por cuenta de la corrupción de la clase política que saqueó sin compasión a las tristemente célebres electrificadoras de la Costa. Todas se quebraron por cuenta de que los políticos las convirtieron en fortines electorales y en cajas menores para financiar sus campañas o sus caprichos de nuevos ricos. En Sincelejo todavía debe existir “la casa de la Electrificadora”, una mansión que construyó un gerente de Electrosucre con la plata que pagaron los usuarios. En una época era “un destino turístico” de la ciudad. Nadie podía creer que semejante mansión la construyó el exgerente con la plata que se robó. Y ese es tan solo un botón de muestra. Hay decenas  a lo largo y ancho de la Región Caribe. De manera que no es por ahí la cosa. Si de lo que se trata es de sanear a Electricaribe, pagar sus deudas, emperifollarla y hacerla viable para entregársela a los políticos, estaríamos haciendo el peor de los negocios. A ellos ninguna “mermelada” les alcanza.

Publicado en El Heraldo, Domingo 26 de Marzo de 2017.