Con la corrupción el Colombia acontece como con las Matrioshkas, esas populares muñecas rusas que van saliendo una dentro de otra y que por momento se tiene la impresión de que son infinitas, pues nunca dejan de aparecer mientras sacamos y sacamos muñecas, cada más pequeña que la anterior. En nuestro país -a diferencia de lo que ocurre con las muñecas rusas- la Matrioshka que va saliendo no es más pequeña, sino más grande que la que la precede, o al menos así lo consideran las autoridades, como si en realidad un caso de corrupción fuera más grave que el anterior.

Para la Fiscalía General, por ejemplo, el desfalco a la Refinería de Cartagena (Reficar), es más grande que el pago de sobornos y coimas por parte de la multinacional brasileña Odebrecht a funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, para que sacaran adelante aquellos proyectos donde dicha empresa tenía intereses. Odebrecht es la misma compañía que financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos Calderón y Óscar Iván Zuluaga, en 2014, como lo admitió el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien afirmó que “no hay duda alguna de que dineros de Odebrecht llegaron a ambas campañas”.

En el caso de Reficar, el monto del fraude ascendió a 610.000 millones de pesos. Se trata de una cifra astronómica y de un hecho grave. Tan grave que la Fiscalía llamó a imputación de cargos por cuatro delitos a altos directivos de la empresa, entre ellos, sus ex presidentes, Orlando Martínez Cabrales, y Reyes Reinoso Yáñez. Otros altos directivos de Reficar, Ecopetrol y CB&I también fueron vinculados al proceso por el organismo investigador. Uno de los delitos que la Fiscalía les endilga es el de enriquecimiento ilícito.

Llegar a estas conclusiones le llevó a la Fiscalía General 10 años, que es el tiempo que duró la ejecución del proyecto más importante de la Región Caribe en las últimas décadas. Al proyecto se sumó Glencore con el 51 por ciento de la composición accionaria y Ecopetrol se quedó con 49 por ciento. La responsabilidad de la construcción de la Refinería fue asignada en 2007 a CB&I. En 2009 -luego del retiro de Glencore, que alegó falta de recursos para continuar con la obra- Ecopetrol compró su parte y suministró 3.460 millones de dólares para ampliar la Refinería.

A partir de esa operación -también investigada por la Fiscalía General, así como por la Contraloría General- ocurrieron una serie de irregularidades, entre ellas las firmas por parte de Ecopetrol y CB&I de dos contratos bajo la modalidad de “costos reembolsables”, que habrían violado las leyes vigentes y los Conpes de 2004 y 2005, según la Fiscalía. En 2012 el ambicioso proyecto recibió otra cuantiosa inyección de capital por 8.456 millones de pesos con el fin de que las obras pudieran terminarse, pues la parálisis parecía inminente. 

Toda esa suma de eventualidades, irregularidades y hasta ilegalidades fueron puestas al descubierto por la Fiscalía General y la Contraloría General. Con base en las investigaciones, la Fiscalía decidió imputarle cargos a los ocho altos directivos: Orlando Cabrales Martínez, Reyes Reynoso (venezolano), ex presidentes de Reficar; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar; Pedro Rosales Navarro; Nicolás Isacksson Palacios; Philip Kent Ashserman y Massoud Deidehban, de CB&I. El último en ser vinculado a la investigación es Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar entre 2013 y 2015.

Aunque no hay duda alguna de que el monto del fraude a Reficar es superior a los aportes hechos por Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, es un error presentar los casos como uno más grave que el otro: ambos son gravísimos y ambos ameritan investigaciones a fondo, hasta llegar a las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, como en su momento afirmó en entonces vicepresidente, Germán Vargas Lleras. 

El hecho de que los sobrecostos de Reficar superen 18 veces la plata que Odebrecht pagó en sobornos y coimas a funcionarios del Gobierno y en aportes a campañas presidenciales, no puede llevar a los organismos de control y a la Fiscalía General de forma especial, a la conclusión de que uno es más grave que otro, pues esa categorización sólo contribuye a banalizar las investigaciones y a bajarle el tono a una de ellas en detrimento de la otra. 

La corrupción es una sola, pues lo que se reprocha es la acción y no el monto de la misma, aunque esta última sirva para establecer penas y condenas, desde el punto de vista legal. No puede haber “corrupción buena” y “corrupción mala”. O “corrupción grande” y “corrupción pequeña”. Hay corrupción a secas. Nadie es medio corrupto, de la misma manera que no existe el “medio embarazo”: o se está o no se está embarazada. 

¿Por cuenta del monto del desfalco, es más grave Reficar que Odebrecht? Si ello es así, también se podría concluir que Odebrecht es muchísimo más grave que Reficar, pues comprometió dos campañas presidenciales, una de ellas la del actual Presidente de la República, que es quien define la suerte de cualquier cantidad de proyectos que a diario se definen en el país, entre ellos el de Reficar. 

Los tentáculos de Odebrecht se extendieron a lo largo y ancho de América Latina, hasta el punto de que por lo menos tres ex presidentes deberán rendir cuentas sobre la presunta receptación de dineros irregulares de Odebrecht: Lula Da Silva y Dilma Rousseff de Brasil y Felipe Toledo de Perú, mientras que otros están siendo investigados para precisar su comprometimiento en esos hechos de corrupción.

En el caso de Colombia, las investigaciones por Odebrecht debe continuar sin pausa alguna y hasta sus últimas consecuencias. No hacerlo, es darle cabida a versiones y especulaciones que ponen en duda la imparcialidad y objetividad de la propia Fiscalía General, como aquella según las cual “con Reficar el Gobierno pretende tapar Odebrecht”. Esas aseveraciones son las que terminan minando gravemente la credibilidad y el prestigio de una entidad como la Fiscalía General, bastante magullados por cuenta del funesto paso del anterior fiscal, Eduardo Montealegre, por el organismo investigador.

En el caso de Odebrecht -que ya tiene tras las rejas a un ex senador de la República y a un ex viceministro-, así como vinculados de manera formal a la investigación a ex ministras y actuales funcionarios del Gobierno, de lo que se trata de establecer es hasta dónde llegaron sus tentáculos y quiénes se beneficiaron con sus sobornos y coimas. En esta investigación también están involucrados organismos de otros países, como Estados Unidos y Brasil.

¿Es más grave Reficar que Odebrecht?

No, de ninguna manera y desde ningún punto de vista. El hecho de que el monto de los desfalcos de Reficar supere 18 veces al de los dineros pagados en sobornos y coimas por parte de Odebrecht, no hace un hecho más grave que otro. Ambos son gravísimos. El cáncer de Colombia es la corrupción. Punto. Ese es el flagelo social que debemos combatir de forma implacable. De lo que se trata es acabar con el fenómeno, no de reducirlo a sus “justas proporciones”, como diría el ex presidente Julio César Turbay Ayala. Y la mejor manera de no combatirlo y de soslayar su gravedad es categorizando los hechos, como unos más graves que otros. Cuando se trata de combatir la corrupción, tan corrupto es el que se roba un bolígrafo en un supermercado, como el que roba o deja que roben millones de pesos. Lo que se reprocha es la conducta criminal y no el monto de la misma, aunque a la hora de establecer penas se considere -obviamente- el monto del robo o cualquier otro tipo de circunstancias que sirvan para atenuar o agravar las sanciones. Es por ello que mensajes equivocados, como el que acaba de enviar la Fiscalía General, en el sentido de que entre Odebrecht y Reficar hay uno más grave que otro, tienen un efecto demoledor en la Sociedad, pues induce a generalizar la creencia de que hay un tipo de corrupción permitida o socialmente aceptable. Nada más equivocado que esa percepción o creencia.

La corrupción, ¿bandera electoral rentable?

Por cuenta de la campaña electoral que se avecina, comenzó a hacer carrera por parte de algunos candidatos y candidatas el mensaje según el cual hay un grupo de aspirantes impolutos y otros contaminados desde los pies hasta la cabeza. Los impolutos se comportan como jueces implacables, capaces de señalar hasta de los delitos más atroces a sus contradictores políticos, pero sin aportar una sola prueba que permita demostrar que -en efecto- esa persona incurrió en todos los delitos que le señalan. Decir -por ejemplo- que Álvaro Uribe tiene “muertos encima”, como aseveró la precandidata del Partido Verde, Claudia López, no puede quedarse en el simple señalamiento, que tanto gusta a la galería y que tantos titulares de prensa le garantizan en tiempos de campaña. Si la candidata tiene cómo probar que Uribe tiene “muertos encima”, pues debería demostrar esa aseveración y proceder a instaurar la respectiva denuncia por esos hechos gravísimos que le señala al ex presidente y actual Senador de la República. Así se actúa de forma responsable y se hace política con seriedad y fundamento. Lo otro es no sólo una irresponsabilidad mayúscula, sino puro populismo electoral, que es -precisamente- una de las prácticas que López y sus seguidores dicen combatir. La lucha contra la corrupción no puede convertirse en un lema de campaña, cuyo fin último es escalar en la tabla de medallería, para saber quién ganó más medallas al final.

¿Dónde están los resultados del Gobierno?

No hay un día en que el presidente Juan Manuel Santos no anuncie una nueva medida contra la corrupción. Un día afirma que presentará un proyecto para eliminar la figura de la “casa por cárcel” para los corruptos, otro sostiene que creará una comisión para establecer duras sanciones a aquellas empresas del Estado con mayores casos de corrupción. La lucha contra corrupción está, pues, en su agenda de prioridades. Pero los resultados no se ven. Y no se ven porque no hay una política contra la corrupción. Lo que hay son buenas intenciones y ganas de acabar con ese flagelo. Y cuando solo hay buenas intenciones y ganas, todo se queda en anuncios y en titulares de prensa. Los sondeos de opinión hechos a empresarios -por ejemplo- arrojan resultados demoledores en lo que tiene que ver con la corrupción, pues en su inmensa mayoría todos sostienen que a la hora de celebrar contratos con el Estado, lo que más importa es tener para responderles a aquellos funcionarios y a su tristemente célebre Cómo Voy Yo (CVY). No hay política, además, por en el Congreso de la República hay un buen número de parlamentarios a quienes no les interesa tramitar leyes que acaben con su lucrativos negocio de poner en puestos clave a recomendados suyos, quienes -una vez en el cargo- les responden el favor con una buena tajada en los negocios. Esa es la razón por la cual tantas iniciativas bien intencionadas naufragan en el Congreso de la República.

¿En qué están las “ías”?

Por primera vez en muchos años, la Fiscalía, la Procuraduría y Contraloría, están sintonizadas en un tema, que les permita a sus cabezas más visibles ponerse al frente de una cruzada que acabe de raíz con el flagelo de la corrupción. En efecto, tanto Néstor Humberto Martínez Neira, como Fernando Carrillo Flores y Edgardo Maya Villazón, han anunciado que luchar contra la corrupción será su principal bandera. Y eso está muy bien, dada la gravedad del asunto. Si estos “Tres Mosqueteros”, como los llamó la Revista Semana, no son capaces de diseñar estrategias conjuntas y estructurar unos planes serios y viables que ponga fin a la corrupción, entonces tendríamos que resignarnos a nuestra suerte y acostumbrarnos que el país cayo de manera definitiva en poder de los “cacos”. La lucha contra la corrupción requiere de tres elementos fundamentales: recursos, dientes y voluntad política. Recursos tienen las tres y además cuentan con organismos y gobiernos internacionales dispuestos a meterle el hombro a la causa. Dientes, tienen pero no suficientes. Siempre hará falta tener más incisivos y muelas para meterle el diente a la corrupción. Y voluntad política también, porque es lo que han expresado. Ahora tienen -eso sí- que empezar a mostrar resultados contundentes.