La Ley de Tierras, que el Gobierno piensa sacar adelante por decreto presidencial, pone en peligro el Derecho a la Propiedad Privada y nos acerca a la catástrofe venezolana.

La llamada Ley de Tierras que el Gobierno piensa sacar mediante decreto y no por vía del Legislativo -gracias a las facultades extraordinarias que les fueron aprobadas al presidente Juan Manuel Santos- es el golpe de gracia que le hacía falta al campo colombiano para entrar de lleno en los terrenos de la catástrofe que vive Venezuela, desde que Hugo Chávez llegó al poder.

Por más que el Gobierno insista en sus bondades, lo cierto es que dicha iniciativa acaba con la propiedad privada en Colombia y cambia -sin duda alguna- el modelo económico del país, algo que Santos pregonó hasta la saciedad que no ocurriría en la negociación con las Farc en La Habana. Y aunque lo repita mil veces, hay que decirle al Presidente que sí compromete y de manera grave el modelo económico y ello podría traducirse en la pauperización de nuestra ya muy pobre economía. De manera que el Gobierno faltó al compromiso que adquirió con los colombianos de no negociar el modelo económico con las Farc en La Habana.
La Ley de Tierras del Gobierno nos pone al nivel de la Venezuela de Chávez. La nueva legislación agraria -que con bombos y platillos promueven los voceros gubernamentales, como el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper- compromete el derecho a la propiedad privada, que es el soporte fundamental de nuestro modelo económico. Y si el derecho a la propiedad privada se compromete, el modelo económico deja de existir.

El Gobierno decidió valerse de un “salto con garrocha” para evadir el trámite de la Ley de Tierras en el Congreso, pues considera -así lo han dicho algunos de sus voceros en los pasillos del Capitolio y de la Casa de Nariño- que los congresistas tienen “muchos intereses en esa materia” y que lo mejor es no discutir con ellos esa iniciativa, la más importante de los acuerdos de La Habana, pues toca las fibras del origen del conflicto con las Farc: la propiedad y uso de la tierra en Colombia, tanto es así que está contemplado en el primer punto de la agenda de los acuerdos.

Ante la arremetida que ha sufrido la iniciativa gubernamental -que ha tenido como destacados voceros al Consejo Gremial Nacional, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) y hasta el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez- el Gobierno diseñó el discurso altruista según el cual -ante la incertidumbre jurídica actual sobre la propiedad de la tierra en Colombia- se requiere diseñar una política agraria para recuperar la inversión en el campo, que nos permita convertirnos -¡por fin!- en la despensa agrícola del mundo.

Ese argumento sofístico desde todo punto de vista, ignora que el problema del campo colombiano está vinculado directamente con la presencia de grupos guerrilleros como las Farc, que exterminaron familias enteras, dedicadas a la agricultura y a la ganadería; espantaron la inversión y volvieron peladeros lo que antes eran fincas productivas. Esa es la verdad verdadera que el Gobierno ahora ignora al achacarle todos los males a la Ley 160 de 1994, a la que responsabiliza de la parálisis de supuestos megaproyectos agroindustriales que nunca se materializaron, no por inconsistencias jurídicas, sino por la sencilla razón de que nadie invierte un peso para dejárselo a ‘Timochenko’ y compañía.

Sin desconocer que el conflicto armado colombiano está relacionado con la propiedad de la tierra y el uso de la misma, ello no significa que para lograr nuevas condiciones de equidad con quienes tienen la triste y lamentable condición de desposeídos, sea necesario arrasar con el derecho a la propiedad privada, que está contemplado en el Artículo 58 de la Constitución Nacional.

Es decir, lo acordado en La Habana con las Farc, sí afecta principios fundamentales de nuestra Carta Magna y por esa misma razón la Ley de Tierras que el Gobierno pretende sacar por decreto presidencial requiere de su trámite y aprobación por parte del Congreso. ¿De qué manera afecta la nueva Ley el Derecho a la Propiedad Privada? Porque, como sucede en la Venezuela de Chávez, ni la compensación económica ni la indemnización en casos de expropiación, tienen límites claros.

Todo lo contrario: lo socializado hasta ahora con los sectores productivos del país -entre ellos los ganaderos- es un inmenso mar de incertidumbre en el que cualquier cosa -en contra de quienes son propietarios legítimos de la tierra o poseedores de buena fe- puede pasar. Desde la expropiación sin justificación hasta el encarcelamiento de los propietarios. Y aunque el Gobierno lo niegue, se trata de una “ley confiscatoria”. Los únicos que quedarían contentos con la aplicación de la figura serían las Farc, que tanto insistieron en ella en La Habana, pero que -¡oh paradoja!- son las grandes latifundistas del país, solo que nadie -ni siquiera el contralor general, Edgardo Maya Villazón, tan acucioso con el asunto- se atreve a meterle muela a sus inmensas propiedades. Ojalá el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, logre desarmar la telaraña que por años las Farc construyeron, aliadas con notarios de su bolsillo, para quedarse con las tierras de ganaderos que cayeron en su poder.

En Venezuela, Chávez con la tristemente célebre Ley Habilitante que le dio plenos poderes, expropió millones de hectáreas productivas a lo largo y ancho del país, con el pretexto populista de que había que “ponerlas a producir” y lo que logró fue romperle el espinazo al sector agrícola y ganadero, hasta el punto de que hoy millones de venezolanos se están muriendo de hambre, pues nadie produce nada. Los expropiados quedaron en la ruina y los nuevos propietarios no saben qué hacer con las tierras que Chávez les regaló. ¿Cuáles son los verdaderos alcances de la Ley de Tierras de Santos?
El activismo judicial, el peor de los males
La única razón que podría tener una Ley de Tierras es que sirva para corregir los errores de La Ley 1448 de 2011, que no ha servido sino para traer zozobra a los pocos inversionistas serios que se atrevieron a meterle plata al campo. La Ley de Víctimas -en materia de tierras- terminó en manos de una oficina del Gobierno ideologizada (URT) y de una Jurisdicción donde los jueces se creen un escalón más bajo de Dios, pero no tan abajo. Dicha Ley ha llevado a que compañías serias como Argos, por ejemplo, que les compraron tierras a reconocidos hacendados de Sucre, que negociaron de forma voluntaria sus predios desde sus casas en Sincelejo, ahora aparezcan por cuenta de la URT como “indefensos campesinos” que vendieron coaccionados. Y no vale que los vendedores reconozcan que nunca fueron presionados o que se les pagó el precio comercial de la época, pues la URT y los jueces los convencen de que estaban en una situación de “violencia generalizada”, aunque el propio Estado certifique que para la época ya estaba consolidada la seguridad en la zona. Basta que la URT considere “rico” o “empresario” al comprador para que se opere de inmediato un despojo sobre las tierras adquiridas de buena fe. En procesos de restitución de tierras lo que se presume es la “mala fe” del comprador, cuando este tiene la condición de rico o empresario. Ahí sí le achacan todos los delitos, que podrían llevarlos a la cárcel o ser objetos de extinción de dominio. No hay peores enemigos de La Paz que los jueces justicieros. Ni Constitución ni Ley ni Principios Generales del Derecho. Puro y duro activismo judicial o administrativo.

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