La Procuraduría General de la Nación solicitó esta noche que un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá revise y revoque la decisión que había sido adoptada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General a favor de la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, en el proceso que se sigue por el asesinato del empresario Fernando Cepeda Vargas, ocurrido el 22 de Agosto de 2003 en Barranquilla.

El Ministerio Público -contrario a lo afirmado por la Fiscalía el pasado 23 de Marzo- identificó la existencia de testimonios e indicios graves que vincularían a la ex rectora como autora determinadora del crimen del ganadero y arquitecto.

El agente del Ministerio Público solicitó, además, que se mantenga la preclusión de la investigación a favor de María Paulina Ceballos Pardo -hija del fundador de la Universidad Autónoma y esposa de Cepeda Vargas- quien habría sido vinculada al proceso por cuenta de  un testigo, quien habría recibido una importante suma de dinero para cumplir con ese propósito.

“Luego -dice el escrito de la Procuraduría- si la persona contra la que pesaba la sindicación de determinadora del homicidio del señor Cepeda Vargas era la señora Gette Ponce, y de éste se demuestra que ofreció una gruesa suma de dinero al señor Fierro Flórez, principal testigo de cargo, para que cambiara su versión e inculpara del delito de Ceballos Pardo. Es apenas elemental arribar a la conclusión, que ello concita un indicio grave de responsabilidad penal en contra de la señora Gette Ponce, como la efectiva determinadora del aludido homicidio”, precisó el Ministerio Público en su apelación.

De esta manera el proceso que se sigue contra la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe vuelve a tener un giro y regresa una vez más a la figura de Gette Ponce como la determinadora del crimen de Cepeda Vargas, con quien mantuvo unas relaciones muy conflictivas. La vinculación de María Paulina Ceballos al proceso surge luego del testimonio del jefe paramilitar Édgar Ignacio  Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, quien ejercía control sobre algunas áreas específicas de la Universidad, de acuerdo los testimonios de varias personas vinculadas a la investigación, entre ellos algunos ex funcionarios del centro educativo, al igual que ex directivos del Alma Mater.

Luego de la decisión adoptada por el Ministerio Público, la apelación deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá.

Lea aquí el comunicado de la Procuraduría General de la Nación