¡Que paguen las Farc de sus bolsillos!

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira condenó solidariamente a Promigas y al Ministerio de Minas y Energía por un atentado terrorista cometido por las Farc al gasoducto Barranquilla-Ballenas en 2001. Así como lo oyen: las Farc realizan un atentado criminal y quién debe responder por el mismo son más víctimas, es decir Promigas y el Ministerio de Minas. Esta historia “macondiana” es el aporte de la Justicia colombiana a los 50 años de Cien Años de Soledad que se cumplen por estos días.

Por cuenta del atentado de las Farc al gasoducto, tanto Promigas como el Ministerio de Minas deberán pagar indemnizaciones que alcanzan los 3.700 millones de pesos. Con toda razón el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, se declara “preocupado” con la decisión y teme por las fatales consecuencias que pueda tener en futuras inversiones en el país en materia de infraestructura, pues el insólito fallo compromete la “seguridad jurídica” de los actuales y los potenciales inversionistas.

Con este antecedente, ¿quien se atreverá a invertir un peso en Colombia sabiendo que los atentados de los grupos terroristas los terminan pagando las empresas que fueron víctimas de los mismos?

La decisión judicial tiene alarmadas a todas las partes afectadas, como es el caso de Promigas, que sostiene que el fallo “desconoce que los hechos fueron ocasionados por un atentado terrorista del entonces grupo guerrillero de las Farc, donde hubo un miliciano capturado y judicializado por este este motivo”.
Por esta razón la empresa solicitó al Tribunal una aclaración del fallo, cuya respuesta tendrá que darse en los próximos días.
Pero ahora que las Farc han negociado con el Gobierno su desmovilización y su reintegración a la vida civil, sería muy bueno que empezaran por resarcir el daño causado. Una manera de hacerlo es no sólo reconociendo su culpa en los actos terroristas realizados -como el atentado al gasoducto en La Guajira en 2001- sino también pagando de su bolsillo los daños causados.

Es decir, quien debería pagar a la comunidad por los efectos de su acción criminal deberían ser las Farc y no Promigas y el Ministerio de Minas.
De los multimillonarios recursos que tiene el grupo guerrillero -que los tiene, aunque sus jefes lo nieguen- debe salir la plata para pagar sus daños. Esa reparación económica debe correr por su cuenta. Que se metan las manos las Farc al bolsillo para que paguen por las tragedias que causaron. Esa si sería un sentencia histórica. Ese sí sería un fallo justo y una decisión valiente. Así es como tendría que proceder el administrador de Justicia. De esa manera dejaríamos de ser menos “mágicos” y “macondianos” y mucho más realistas.