Los jefes de las Farc van a tener que entender que la dejación de armas y su reincorporación a la vida civil implica tener que someterse a las reglas de juego de todo sistema democrático, aún uno tan imperfecto como el colombiano.

Las recientes declaraciones de alias Iván Márquez en contra del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y su diatriba contra los medios de comunicación que han asumido una posición crítica frente a la negociación del Gobierno con ese grupo guerrillero, reafirman la opinión de quienes consideran que la tolerancia no es una de sus virtudes.

Márquez y sus antiguos compañeros en armas, entre ellos alias Jesús Santricht, quien se atrevió a llamar a la Corte Constitucional una “cortecita que está dispuesta a volver mierda los acuerdos de paz”, deben bajarle el tono a sus patanerías, ofensas y groserías contra quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Que a ellos no les guste que los vigilen y los fiscalicen no significa que haya que dejar de hacerlo.

Todo lo contrario: ahora es cuando más vigilante deben comportarse los organismos de investigación, las altas cortes y los medios de comunicación. Una actitud complaciente ante la arremetida de las Farc -como de hecho ha asumido el Gobierno Nacional, que no ha salido a respaldar ni al Fiscal ni a las Cortes ni a la libertad de expresión- solo sirve para enviar el mensaje a los jefes guerrilleros de que su altanería y sus amenazas tienen buen recibo en el Ejecutivo.

De no ser así, ya el alto gobierno con el Presidente Santos a la cabeza hubiera salido por lo menos a pedir un poco de prudencia a quienes pretenden reincorporarse a la sociedad y poner su nombre a consideración de los colombianos para ser elegidos mediante el ejercicio soberano del voto. El mismo Santos que se muestra silente ante las groseras declaraciones de los jefes de las Farc salió presuroso a meter en cintura al gobierno de Estados Unidos, luego de que ese país cuestionara la orden de libertad de un comandante guerrillero que secuestró y cobró cinco millones de dólares por la liberación de un ciudadano estadounidense en territorio panameño.

Es decir: ¿Está bien que Santricht llame “cortecita” a la Corte Constitucional y ofenda a sus magistrados, pero está mal que Estados Unidos reclame por la liberación y la no extradición de un guerrillero de las Farc que secuestró a uno de sus ciudadanos? ¿Es ese el mensaje que quiere enviar el Presidente Santos?

Si ello es así, entonces es evidente que el Gobierno transita por el camino equivocado. El Estado tiene unas reglas de oro que deben respetarse, mucho más por parte de quienes decidieron abandonar las armas y someterse a sus normas y leyes. La separación de poderes es pilar fundamental de toda democracia, así como la libertad de expresión, gústele o no a Márquez y a Santricht. De modo que -como dirían los jóvenes de hoy en día- ya es hora de que empiecen a “jalarle al respetico” y entiendan que los tiempos de la “Ley de la selva” quedaron atrás. ¿O es que ellos piensan lo contrario?