Siempre se ha dicho que negociar con el Eln es mucho más complicado que hacerlo con las Farc. En ello juega un papel determinante el fundamentalismo de sus jefes, que los lleva a creer que lo único que importa es lo que ellos piensan y expresan a nombre del “pueblo”, el mismo al que martirizan cada vez que vuelan un oleoducto, unas torres de energía, asesinan soldados y policías y secuestran a modestos comerciantes a quienes gradúan de potentados para justificar su secuestro y el pago de multimillonarios rescates.

El Eln está sentado con el Gobierno en Quito pero no está negociando. Está hablando, que es lo que hacen sus voceros cada vez que se reúnen con delegados del Gobierno, sea en Colombia o en el exterior, como ocurrió en Caracas, Tlaxcala y Maguncia, Alemania. El Eln habla por hablar, porque sus posiciones dogmáticas no les permiten a sus jefes ceder en algunas de sus posturas. Es el caso -por ejemplo- del secuestro de civiles, cuya práctica no sólo es justificada por alias Gabino y Antonio García, sino que terminó por convertirse para ellos es un “punto de honor” al que no piensan renunciar.
Es decir, el Eln pretende que el Gobierno acepte que sigan secuestrando a lo largo y ancho del país, mientras sus jefes hablan carreta y “botan corriente” en Quito, a donde pretenden llevar a media Colombia para que los escuchen a ellos, porque está visto que ellos no oyen a nadie. Nadie que no sea del ELN, por supuesto.

Por esa razón mientras todo el mundo -o mejor: el mundo entero- condena el secuestro como un crimen de Lesa Humanidad y como el peor de los delitos contra la libertad del ser humano, los jefes del Eln lo justifica aduciendo que lo suyo no es “secuestro”, sino una simple “privación de la libertad”, que es -según ellos- algo que todos los Estados hacen y que Eln, como organización rebelde, también lo puede hacer. Y luego argumentan con un cinismo que espanta -y sin que les tiemble la voz- que “secuestrar” hace parte del derecho que les asiste para obtener las finanzas que les permita “subvencionar la lucha rebelde”.

En su delirio algunos de ellos, como alias Antonio García, se atreven a contradecir la vigencia de tratados que se ocupan del Derecho Internacional Humanitario y que condenan sin contemplación el delito del secuestro. García sostiene que el DIH lo que prohíbe es la “toma de rehenes”, que son utilizados como escudos humanos, pero que en ningún momento habla del “secuestro” o de la “privación de la libertad”.

Pues bien, Juan Camilo Restrepo -jefe del equipo negociador del Gobierno- lleva varios meses tratando de hacerles entender que secuestrar personas es inadmisible y que ningún gobierno -ni siquiera el de Juan Manuel Santos, que ha dado muestras de su inmensa generosidad con las Farc- está dispuesto a negociar si no abandonan esa práctica criminal. El Eln se niega a hacerlo. Mientras tanto sus voceros prefieren hablar de otros asuntos, como “pedagogía y comunicaciones para la paz, grupos de países de apoyo, acompañamiento y cooperación”, al tiempo que anuncian que seguirán trabajando para el “desminado humanitario”, sin que nadie sepa qué significa y cuáles son los alcances de dicha expresión.

Esta semana, los mismos jefes del Eln que se niegan a dejar de secuestrar -porque nadie lo prohíbe, según ellos- se atrevieron a condenar la “intromisión” de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Los mismos jefes guerrilleros que ven con buenos ojos la presencia de enviados cubanos a Venezuela para que actúen conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana y con la Policía de ese país a la hora de reprimir a los opositores al régimen chavista. En ese caso no se trata de una “intromisión”, sino de una colaboración para hacerle frente al imperio estadounidense.

“Instamos al gobierno y al pueblo de Estados Unidos -dice el Eln en un comunicado- a seguir apoyando los diálogos de paz en Colombia, respetando la soberanía del país, sin interferir o descalificar a las partes”. En su mensaje a Estados Unidos, los voceros del Eln piden “respetar la soberanía del país”.

La organización defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, también ha cuestionado duramente el cinismo y la falta de compromiso del ELN en su negociación con el Gobierno. “El ELN sigue reclutando menores, colocando minas antipersonales, amenazando y desplazando civiles e imponiendo restricciones generalizadas al movimiento de los pobladores que limitan el acceso a sus medios de subsistencia”, denunció recientemente José Miguel Vivanco, director del organismo para las Américas, luego de que se conociera de hechos del grupo guerrillero con civiles en el Chocó.

“El Eln -sostuvo Vivanco- debe poner fin a estos graves abusos de forma inmediata e incondicional. El conflicto armado no es una licencia para oprimir y aterrorizar a civiles”.

Está visto que el Eln no tiene la intención de poner fin a su comportamiento criminal ni de forma inmediata ni mucho menos incondicional. Para lo primero, exigen un “cese bilateral” del fuego, que fue planteado en la mesa de Quito, pero sobre el que no se hizo ningún tipo de avance, según declararon los propios voceros del Eln, quienes sostuvieron -además- que las conversaciones con el Gobierno no terminarán antes de las elecciones presidenciales de 2018. Es decir, ese “chicharrón” lo heredará el sucesor de Santos.

Y de los partidos y movimientos que tendrán candidatos presidenciales el próximo año, el único que ha expresado abiertamente su opinión sobre la suerte de los diálogos con el Eln ha sido Cambio Radical, del ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras. En efecto, Jorge Enrique Vélez, presidente del partido, ha dicho que ese grupo guerrillero debe aprovechar la negociación con Santos, porque si Vargas Lleras es elegido Presidente “esa mesa de diálogos se levanta”. ¿Qué suerte le espera a la negociación con el ELN?

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