Es bien cierta aquella frase según la cual una cosa es lo que promete el candidato y otra bien distinta lo que cumple el Presidente. Ocurre con frecuencia que para lograr persuadir al mayor número de electores, el candidato en campaña presidencial hace todo tipo de ofrecimientos y luego la cruda realidad lo lleva al convencimiento de que lo prometido no lo podrá cumplir.

Al presidente Santos le está pasando exactamente eso: prometió bajarle a los pensionados del país sus aportes en Salud del 12 al 4 por ciento. Miles de ellos creyeron en esa promesa y votaron por él convencidos de que les cumpliría. Hoy la cruda realidad fiscal tiene a Santos a punto de objetar una Ley que acaba de ser aprobada por el Congreso, que les quitaría a los pensionados el tener que destinar una significativa cifra de sus ingresos al pago de su atención en Salud.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostiene que si el Presidente no objeta dicha Ley por inconveniente, ello implicaría un costo fiscal de más de 3 billones de pesos y además reduciría los aportes que recibe el sector de Salud, cuyo déficit para este año es de 5 billones de pesos.
Es decir, Santos está en un dilema bastante complicado: o cumple su promesa de campaña o se responsabiliza por el incremento de los costos fiscales de la Nación. Igual sucede con otras leyes aprobadas por el Congreso, como la reducción del horario para el pago del recargo nocturno y la disminución de 150 semanas para que las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos se puedan pensionar. Todas ellas podrían costarle a las finanzas país y al sector productivo miles de millones de pesos. Pero todas ellas se tradujeron en votos para el entonces candidato Juan Manuel Santos.

Para decirlo en plata blanca: el candidato Santos prometió lo que sabía que como Presidente no podía cumplir. ¿Porqué lo hizo? Porque sabía muy bien que esas promesas se traducirían en votos y los votos le permitirían repetir mandato. Se trata -sin duda- de un comportamiento irresponsable, cuyas consecuencias las pagarán quienes ingenuamente creyeron en sus promesas.

Pero Santos no es el único que comete lo que podríamos llamar “estupro electoral”, que consiste en prometer para ganar y después de haber ganado no cumplir lo prometido. Todos los candidatos lo hacen.

De manera que en los próximos días el Presidente deberá tomar una decisión con respecto a las llamadas por el Ministro de Hacienda “leyes populistas” aprobadas por el Congreso, cuyos costos son altísimos para el país. Al ministro Cárdenas hay que recordarle -sin embargo- que los “populistas” son tanto los congresistas que las aprobaron, como el entonces candidato que las prometió y que por cuenta de dichas promesas se convirtió en Presidente de la República.