A partir del primero de julio quienes utilicen las bolsas plásticas de los supermercados para empacar los productos adquiridos deberán pagar $20 por cada bolsa. Tanto el Congreso de la República como el Gobierno, sostienen que la medida tiene la noble intención de desestimular el uso de productos no biodegradables, que atentan contra el medio ambiente. Es decir, se trata de una iniciativa muy bien intencionada.

La pregunta -sin embargo- con respecto a la Ley 1819 apunta a otra dirección: el destino final del dinero recaudado. Es decir: ¿A dónde van a parar los 150 mil millones de pesos que la Dian piensa recibir con este nuevo impuesto? ¿Cuál será la destinación específica de la multimillonaria cifra?

Tanto el Gobierno como los congresistas -que la tramitaron y aprobaron- sostienen que ella busca proteger el Medio Ambiente, ante el daño causado por productos no biodegradables, como el plástico, algo en lo que todos estamos de acuerdo.

Dice la Dian en la cartilla que utiliza para hacer pedagogía sobre los alcances de La Ley 1819, que cada año el pago por bolsa se incrementará en 10 pesos. Es decir, el otro año serán 30 pesos y el siguiente 40, hasta llegar a 50 pesos en 2020.

Todo eso está muy bien, pero la Dian no dice a dónde irán a parar los miles de millones de pesos que recaudará por cuenta de la nueva Ley. Al Medio Ambiente, sí. Pero concreta o específicamente a qué. No puede ser que una Ley que compromete tal cantidad de recursos no sea explicada con absoluta claridad en lo que tiene que ver con su parte más importante: el destino final de los recursos.

Al no haber claridad al respecto, de inmediato surgen las suspicacias y las dudas, como las que asaltan en estos momentos a cientos de consumidores: ¿Esa plata es para repartir más mermelada a los congresistas en época electoral? ¿Es para cubrir gastos de los guerrilleros desmovilizados de las Farc? ¿Es para que el Gobierno tenga una caja menor que le permita contar con recursos frescos en esta época de vacas flacas?

En fin, que el Gobierno diga con absoluta claridad para dónde van los veinte pesos que pagarán los consumidores por cada bolsa plástica que utilicen.

Es bien importante que la Corte Constitucional -que deberá valorar la exequibilidad de la Ley- defina si ella cumple con los requisitos para su aprobación, o si por el contrario, se trata de una medida inconstitucional y arbitraria que vulnera principios fundamentales, como el de la igualdad y la equidad.