Primero una aclaración pertinente: no soy defensor de oficio, ni amanuense del senador Bernardo “Ñoño” Elías Vidal. Si es hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia de los graves delitos que le endilga, entre ellos concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, que su condena sea ejemplar y que pague la pena que le imponga el alto tribunal.

De ser hallado culpable, Ñoño Elías deberá purgar la condena que merece por defraudar la confianza depositada en él por la sociedad, que lo eligió como su vocero natural en el Senado de la República.

Pero también hay que decir que su caso no puede prestarse para estigmatizar a una región o a un municipio del país. La corrupción es un fenómeno nacional y corruptos hay acá y allá. La plata de Odebrecht -que es la que tiene preso a Ñoño Elías- llegó a muchísima gente, no solo a los bolsillos de los congresistas, funcionarios y ex funcionarios costeños. 

El senador Elías es tan solo una ficha de un enorme y complejo rompecabezas que la Fiscalía General y la Corte Suprema tendrán que armar para esclarecer los hechos. El concierto para delinquir, por ejemplo, es un delito que requiere de la concurrencia de varios actores, en este caso del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, entre otros.

Ni la Corte ni la Fiscalía pueden caer en la tentación de la “Justicia espectáculo”, que solo busca el fugaz titular de los medios de comunicación o la diversión de la galería, que pide a gritos la condena de los “costeños corruptos”. Y en ese sentido, los sonoros nombres o apodos de los políticos costeños -como el del jefe máximo de la “Ñoñomanía”- se convierten en un verdadero manjar.

Si la intención es -como creemos- develar hasta dónde llegaron los tentáculos de Odebrecht en Colombia, entonces la Fiscalía y la Corte Suprema deben ir hasta el fondo de los hechos, “caiga quien caiga”, como afirmó en su momento el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Una investigación a medias solo contribuiría a estigmatizar aún más a la Región Caribe como la zona “corrupta” del país, como ocurrió en el pasado con los escándalos del proceso 8.000 y de la “parapolítica”.

En ambos casos, la “Justicia espectáculo” y la mala fe de algunos medios de comunicación, especialmente de Bogotá, nos graduaron a todos los costeños de “parapolíticos” y “mafiosos”, a pesar de que quedó claro que fueron hechos criminales que involucraron a todo el país, pues parapolíticos hubo en casi todos los departamentos y la plata del Cartel de Cali llegó a la campaña del candidato liberal, el bogotano Ernesto Samper Pizano.

Que no pase lo mismo en esta oportunidad. Que tanto la Fiscalía General como la Corte Suprema lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Que el escándalo de Odebrecht se devele por completo y que todos los culpables paguen sus delitos. No estamos pidiendo trato preferencial para aquellos congresistas, funcionarios y ex funcionarios costeños. No. Si son hallados culpables que asuman las consecuencias de sus actos. Lo que pedimos -eso sí- es que todos los involucrados en el escándalo de Odebrecht sean medidos con el mismo rasero. Nada más, pero tampoco nada menos.