Hacen bien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pedirle a su colega Gustavo Malo Fernández que de un paso al costado, mientras avanza la investigación en su contra por presuntos delitos relacionados con el cobro de millonarias extorsiones a varios políticos del país para favorecerlos con decisiones judiciales.Sin comprometer los Derechos que como ciudadano le brinda nuestra Constitución Nacional y el sistema jurídico vigente, entre ellos la presunción de inocencia, Gustavo Malo Fernández, tiene que escuchar las voces de la totalidad de sus colegas y debe renunciar a su cargo como magistrado de la Sala Penal. 

Su permanencia en la Corte Suprema luego de que ese alto tribunal en pleno no sólo pidiera su renuncia, sino que ordenara a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que lo investigue, resulta nociva y perturbadora. Nunca antes la Corte Suprema había tomado una decisión en ese sentido. Pese al anuncio que hizo en la mañana de hoy de mantenerse en el cargo, el magistrado Gustavo Malo debe irse de la Corte Suprema. ¡Y debe irse de inmediato!

El retiro del magistrado Malo es lo más sano tanto para la Corte Suprema como para el propio togado cartagenero, cuyo nombre, al parecer, es mencionado en grabaciones en poder de la DEA, en las que se evidencia la poderosa red de corrupción en el alto tribunal. En algunas de ellas, el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno -hoy preso por recibir una coima de 10.000 dólares por parte del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons- menciona a un “Tavo” y las autoridades indagan si ese “Tavo” es el magistrado Gustavo Malo.

Pero, además, hay un hecho gravísimo que también compromete el entorno familiar de Malo Fernández. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por “extorsión agravada” a su hija, Yara Malo Benítez, quien podría pagar una pena entre 21 años y 32 años de cárcel.

Al magistrado Malo Fernández también lo investigan porque, al parecer, un yerno suyo fue nombrado en Fonade, mientras que un familiar de Alfredo Bula, director de esa entidad, fue designado en la Corte Suprema de Justicia. Se trataría de posible “intercambio de favores” entre funcionarios públicos, hecho que también debe ser aclarado.

Así las cosas y dado la gravedad de los hechos denunciados, Gustavo Malo Fernández debe renunciar a su cargo y asumir su defensa sin la toga y el birrete de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su simple condición de ciudadano y sin ningún tipo de privilegio, Malo Fernández deberá probar su inocencia y demostrar que jamás atentó contra la Majestad del cargo y el buen nombre de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que esperamos los colombianos. Quedarse es atentar aún más contra el prestigio cada día más escaso del más alto tribunal de Justicia del país.