Aunque ya pocas cosas de las que pasan en Colombia causan sorpresa, todo lo que ha venido sucediendo en la Corte Suprema supera los límites de lo creíble. Él último episodio –o el más reciente, porque como decía Marcos Pérez “el rancho está ardiendo”– es el de la captura de Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fuera magistrado de la Sala de Casación Laboral y presidente del alto tribunal en 2008.
El exmagistrado Ricaurte es señalado por la Fiscalía General de cometer cuatro delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias de particular y uso abusivo de información privilegiada. Un quinto cargo, que lo responsabiliza de incurrir en enriquecimiento ilícito, está siendo evaluado por el organismo investigador, que en estos momentos practica pruebas para soportar este otro delito por parte de quien es considerado por la Fiscalía uno de los cerebros de la organización criminal que cobraba miles de millones de pesos para “engavetar” o manipular procesos en la Corte Suprema.
Una de las pruebas contundentes en contra del expresidente de la Corte Suprema es el testimonio del senador del Partido de La U Musa Besaile, quien sostuvo ante ese alto tribunal que fue Ricaurte quien en 2014 habría servido de puente a Gustavo Moreno –ex director Anticorrupción de la Fiscalía General destituido por corrupto– para que lo contactara y le pidiera $6.000 millones para evitar una orden de captura en su contra.
La versión de Besaile fue ratificada la semana pasada por Moreno, quien aseguró ante la propia Corte que –en efecto– el senador de La U pagó una cifra millonaria para no ser detenido y que Ricaurte, al parecer, recibió 550 millones de pesos por hacer la “vuelta” en la Sala Penal de la Corte Suprema.
Cuando ocurrieron los hechos, Ricaurte y Moreno compartían oficina como abogados litigantes. De ahí, Moreno pasó a ser director Anticorrupción de la Fiscalía General, cargo del que salió directo para la cárcel, luego de que se comprobara que estaba extorsionando al ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons..

 

Pero hay otra pieza en el rompecabezas que la Corte Suprema y la Fiscalía General tratan de armar para esclarecer todo lo relacionado con el llamado ‘Cartel de la toga’. Tiene que ver con un hecho trascendental: el proceso contra Musa Besaile en la Sala Penal de la Corte Suprema lo llevaba el magistrado Gustavo Malo Fernández, cartagenero como Ricaurte y su protegido en el alto tribunal. 
Malo está siendo investigado en estos momentos por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que su hija –Yara Malo– es señalada por la Fiscalía de “cobrarle” una “comisión” de su salario a una fiscal a quien habría hecho nombrar, gracias a la influencia de su padre en el organismo investigador, en tiempos de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.
Otros protagonistas de esta historia son los ex presidentes de la Corte Suprema José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, también señalados por distintos políticos y congresistas de hacer parte de la red dedicada a extorsionarlos para no hacer efectivas supuestas órdenes de captura en su contra, algunas de ellas por parapolítica.
¿Qué hacer ante la grave situación de la Justicia? ¿Quiénes deben responder por los hechos ocurridos?
¿Qué pasó en la Corte Suprema de Justicia?

¿En qué momento se corrompió la sal? Esa es la pregunta que nos hacemos quienes siempre hemos creído en la imparcialidad, dignidad, honradez y decoro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, institución considerada por muchos como el faro moral de la Nación. El declive empezó cuando llegó a la corporación una serie de individuos que acudían a la Magistratura única y exclusivamente para beneficiarse de ella. Gracias a la llegada de estos personajillos, lo que antes era visto como un horror o una absoluta afrenta a la Majestad de la Corporación se volvió regla. Agasajos, regalos y campañas se volvieron necesarios para acceder al cargo. Conozco el caso de varios magistrados que se gastaron millones de pesos en su campaña para llegar a un alto tribunal. Hay candidatas que repartieron ‘obsequios’ de despacho en despacho para ser elegidas. Ahí está Álvaro Fernando García como jefe de la bancada mayoritaria de la Sala de Casación Civil, después de haber surcado el Caribe en el ‘Monarch’ con su electora, Ruth Marina Díaz. ¿Saben quién es ella? La misma que hasta hace muy poco compartía oficina con los capturados Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Moreno. Sería bueno que los magistrados que aún respaldan a su colega Malo en el cargo digan por qué lo hacen. En este momento crucial para el país, ellos no pueden escudarse en la reserva de las sesiones de la Sala Plena para impedir que se conozca cuál es el estándar ético y moral que manejan. Es urgente que una comisión de magistrados de la Sala Laboral, con participación de la Procuraduría, asuma la revisión de las sentencias de las que fue ponente Francisco Ricaurte. Si hacía lo que hacía con los procesos ajenos, ¿qué no haría con los propios?
 

Ricaurte es un eslabón… ¿y la cadena?

Entre Francisco Ricaurte (capturado) y Leonidas Bustos (aún en libertad) “promovieron y dirigieron una organización criminal”. Así lo expresó Jaime Camacho Flores, fiscal delegado ante la Corte Suprema, cuando se refirió al papel desempeñado por los dos ex presidentes de la Corte Suprema. Pero el fiscal Camacho fue mucho más allá, pues afirmó: “Nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura”. Los cuatro cargos que pesan sobre la humanidad de Francisco Ricaurte son gravísimos y afectan las bases del máximo tribunal de Justicia del país: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias de particular y uso abusivo de información privilegiada, que podrían llevarlo a pagar 20 años de prisión. Luego de habérsele dictado la medida de aseguramiento, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia se encuentra recluido en la Penitenciaria Central La Picota de Bogotá. Ricaurte ha sido el presidente más joven que ha tenido la Corte Suprema, dignidad a la que accedió con apenas 45 años de edad. Aunque la ética y la moral nada tienen que ver con la edad, es evidente que la Magistratura debe estar acompañada de la experiencia, que llega con los años. El magistrado debe ser el sabio de la tribu, no el aprendiz. Punto. Ricaurte abusó de la majestad de su cargo para tejer una poderosa telaraña en la que terminaron envueltos varios de sus colegas. Su meteórica carrera en la Rama Judicial –que empezó como citador y escribiente de un juzgado de Cartagena– terminó en 2014, cuando el Consejo de Estado anuló su elección como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, con lo que puso fin a la tristemente célebre figura de la ‘puerta giratoria’, que le permitía a los magistrados pasar de una alta corte a otra, sin ningún pudor y sin ninguna restricción.
 

Condenar inocentes y absolver culpables

Todo lo que está pasando con la Administración de Justicia y con el Congreso –en lo que tiene que ver con la corrupción pública y privada– es muy grave para la salud de la República. El temible y temido Régimen –del que hablaba Álvaro Gómez Hurtado– se apropió de todo. La corrupción se entrecruza entre los poderes públicos y se retroalimenta con la privada, copándolo todo. Por fortuna, como dice la vieja sentencia, “hay jueces en Berlín”. La propia Corte Suprema ha reaccionado de forma rápida y ya empezó a dar resultados, al dejar en evidencia hechos gravísimos que ella misma descubrió. La Fiscalía General de la Nación, con Néstor Humberto Martínez Neira a la cabeza, tampoco se ha quedado atrás y lleva a cabo sus propias indagaciones. Una y otra han dado resultados. Y lo han hecho porque –para fortuna del país– la mayoría de jueces, fiscales y magistrados son personas honradas, cuyo único propósito es trabajar conforme a la Constitución y la Ley. Por eso hay que cerrarles las puertas a esos políticos oportunistas de uno y otro espectro ideológico que pretenden hacer de esta crisis el detonante de su sueño de refundar la Patria o de imponernos modelos autoritarios importados, algunos de ellos de países vecinos, para ponernos a vivir, al igual que el Chavo del 8, en un barril… pero de pólvora. La Corte Suprema de Justicia deberá darse la pela y mostrarle al país que sí es capaz y tiene las herramientas para limpiar hasta el último rincón de la Corporación. Las manzanas podridas deben salir cuanto antes y pagar por sus crímenes, entre ellos el más grave de todos: condenar a los inocentes y absolver a los culpables. Nada hay peor que eso. Jugar con la libertad de las personas –o volverla moneda de compraventa– es un crimen que no tiene perdón de Dios. Quienes así proceden que paguen por ello.
 

¡No es momento de aventuras politiqueras!

A la prostitución de la Administración de Justicia en Colombia contribuyeron todos los poderes. Desde el Ejecutivo, que por cuenta del cambio de un “articulito” que estableció la reelección presidencial en tiempos de Álvaro Uribe y que mandó para el chorizo el sistema de “pesos y contrapesos”; hasta el Legislativo, que llevó a los altos tribunales a mediocres magistrados que supieron pagarles muy bien sus favores. De ello tampoco se salva la propia Rama Judicial, renuente a la autocrítica, carente de filtros y hasta de valor para expulsar a quienes convirtieron la toga en un arma poderosa para chantajear y extorsionar a posibles víctimas. Cada una de las ramas del Poder Público tiene una alta dosis de culpa en la debacle institucional que afecta a la Nación, y ello incluye también al gobierno de Juan Manuel Santos, que se prestó para fomentar la corrupción judicial. ¡Qué tal pretender ternar a Bustos, a Ricaurte, o a sus familiares para los nuevos tribunales, nacidos en la negociación de La Habana con las Farc! Pero el mal momento no puede prestarse para que candidatos y candidatas oportunistas pretendan hacer leña de los árboles caídos. ¡Ni más faltaba! No es el momento de aventuras politiqueras ni electoreras que nos pueden llevar –ahí sí– al fin del fin. La Corte Suprema está dando la batalla para depurarse y ese ejemplo debería ser imitado por quienes creen que en un sistema democrático las Instituciones no se destrozan, ni se destruyen, sino todo lo contrario: se fortalecen. Así de simple.