La erradicación de los cultivos ilícitos, el programa más importante del posconflicto, no muestra resultados contundentes y terminó enfrentando a la Fuerza Pública con disidentes de las Farc, Bacrim y campesinos.

Una palabra sirve para describir las razones de la masacre de ocho campesinos cultivadores de hojas de coca en Puerto Rico, jurisdicción de

Tumaco (Nariño): abandono. Abandono de todo y de todos. Los habitantes de esta región del país, dedicados en su inmensa mayoría al cultivo de hojas de coca como medio de subsistencia, están hoy más desprotegidos que nunca. Las Farc se fueron y el Estado nunca llegó.
De esta forma quedaron más de 24.000 familias a merced de los disidentes de las Farc, asociados con las bandas criminales, que siguen narcotraficando a sus anchas, mientras obligan a los campesinos a seguir sembrando coca. Hoy Nariño está más olvidado que nunca. Sus habitantes viven en el peor de los mundos y como si fuera poco, el Gobierno -que los embarcó en esta pesadilla- se lava las manos, al tiempo que busca culpables para justificar su ineptitud y su aberrante improvisación.
El caso de Tumaco se replica en todo el país. En los Montes de María, por ejemplo, convencieron a los campesinos de que lo mejor era sembrar ñame y ellos sembraron ñame. ¿Para qué? Para después abandonarlos a su suerte, porque el Ministerio de Agricultura no ha sido capaz ni siquiera de construirles un centro de acopio, que les permita salvar la cosecha de más de 4.000 hectáreas sembradas. 
Hubo que hacer campañas sociales por parte de particulares –como la llamada #EseMoteVa, liderada por la gestora social Susana De León y Christian Daes, presidente de Tecnoglas, – y oficiales –como el “Ñametón”– por parte de la Gobernación de Bolívar, asociado con la Fundación Semana, para paliar la tragedia. El abandono de los Montes de María es el mismo de Tumaco, pero sin muertos, por ahora.
Tumaco es un mar de coca. Los cultivos ilícitos no paran de crecer y el Gobierno no para de hacer anuncios, según los cuales ahora sí llegarán los programas para que los campesinos abandonen los cultivos ilícitos y comiencen a sembrar productos lícitos. En la zona de Puerto Rico, donde ocurrió la masacre, atribuida por las autoridades a ‘Guacho’ y ‘David’, disidentes de las Farc, hay sembradas más de 24.000 hectáreas de hojas de coca. En Nariño los cultivos ilícitos crecieron en un 72 por ciento, a pesar de que el Gobierno escogió al departamento para poner en marcha un plan piloto de erradicación de hojas de coca.
Pero mientras el Gobierno hace anuncios y promesas, los disidentes de las Farc, asociados con las bandas criminales, amenazan de muerte y asesinan a los campesinos que abandonen los cultivos ilegales. En ese escenario de confrontación aparecen las Fuerzas Militares y la Policía a “poner orden”, que no es otra cosa que cumplir las órdenes que desde Bogotá les imparten sus superiores, mientras se toman fotos con los jefes de las Farc, ahora desmovilizados.
Es claro que en esas circunstancias el modelo de “erradicación manual voluntaria” va a fracasar, por una sencilla razón: ni es erradicación, ni es manual, ni es voluntaria. Pero la “erradicación forzosa”, que se pone en marcha por parte de la Fuerza Pública cuando la “voluntaria” no funciona, también fracasará, por la misma razón: ni es erradicación ni es forzosa. El Gobierno debe entender que lo que no hay es erradicación, porque el multimillonario negocio del narcotráfico no lo permite.
Lo que habrá será más muertos. Y ello es así porque los cultivadores de coca de Nariño quedaron en el peor de los mundo: por un lado les echan bala los y ‘malos’ y por el otro les echan bala los ‘buenos’. De modo que cualquiera de los dos lados –los disidentes de las Farc asociados con las Bacrim o la Fuerza Pública– pudieron matarlos. Esa es la triste realidad. ¿Qué hay detrás de la masacre de Tumaco? ¿Quiénes deben responder por la acción criminal?
El Gobierno, no es hora de lavarse las manos

El programa de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos será exitoso en la medida en que el Gobierno tome decisiones que lo hagan exitoso. Si no las toma, será un fracaso. Y no las ha tomado. Punto. Mientras los cultivadores de hojas de coca no tengan una oferta mejor por parte del Gobierno para reemplazar sus cultivos ilícitos de hojas de coca, seguirán sembrando hojas de coca. Y algo peor: mientras el Gobierno no enfrente y derrote a los “disidentes de las Farc”, asociados con las bandas criminales, ellos seguirán amenazando y asesinando a los campesinos que se nieguen a seguir sembrando coca. ¿Qué están haciendo los batallones del Ejército que antes combatían a las Farc y qué hace la Policía Antinarcóticos? ¿No están acaso combatiendo a los disidentes de las Farc y a las bandas criminales? ¿A qué se dedican ahora que -supuestamente- no hay Farc que combatir? Nuestras Fuerzas Militares y de Policía no pueden relajarse y entrar en una “zona de confort”, por cuenta de que, como dice el Gobierno, “las Farc desaparecieron”. Los golpes a los disidentes y las bacrim deben ser ahora más contundentes. Lo mismo pasa con los funcionarios del Gobierno, que son en su inmensa mayoría “burócratas de profesión”, quienes desde sus cómodas oficinas de Bogotá solucionan todos los problemas. Un solo dato muestra su ineficiencia e ineptitud: hasta el momento solo se ha avanzado en un 12 por ciento en los programas de sustitución de cultivos. Mientras tanto, Estados Unidos 145 –que financia buena parte de los programas– toma nota y pide cuentas al Gobierno de Juan Manuel Santos.
 

Las Farc, un socio ‘chimbo’ para erradicar cultivos ilícitos

En La Habana el Gobierno y las Farc acordaron que la erradicación de los cultivos ilícitos se haría de manera conjunta y que el grupo guerrillero sería un “socio estratégico” en el cumplimiento de esa tarea. Pura paja. Carreta. Las Farc no han movido un dedo en ese sentido. Todo lo contrario. Luego de la masacre de Tumaco, de forma irresponsable alias ‘Romaña’ salió a señalar a la Fuerza Pública de ser la autora de la acción criminal, sin tener una sola prueba. En lugar ponerse a arrancar matas de coca, como hacen nuestros soldados, los jefes de las Farc lo que hacen es meterle más candela al conflicto. Alias Timochenko escribió con cinismo: “La erradicación forzosa ha traído con ella muerte, debe suspenderse de manera definitiva. Defendamos la vida como principio”. Es decir, los jefes de las Farc no solo no ayudan a erradicar los cultivos ilícitos que obligaron a sembrar, sino que ahora les dan órdenes al Gobierno para que “suspenda” de manera definitiva su erradicación forzosa. La pregunta es: ¿Por qué las Farc no están cumpliendo su compromiso con el Gobierno en La Habana? Los hechos muestran que mientras los campesinos de Tumaco se quedaron en el peor de los mundos, los jefes de las Farc pasaron al mejor: hablan de lo humano y lo divino, exigen con desparpajo al Gobierno que cumpla sus compromisos y no rinden cuentas por sus actos. Y hasta mienten de forma impune, pues el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les acaba de descubrir 800 mil millones de pesos que no habían reportado dentro de sus bienes. Bonito así.
 

¿Cuántos son los disidentes y dónde están?

Nadie sabe con exactitud quiénes son y cuántos son los disidentes de las Farc. Ni los jefes del grupo guerrillero ni mucho menos el Gobierno conocen la cifra. De esa magnitud es el caos. Uno de los supuestos autores de la masacre de Puerto Rico (Tumaco) es alias Guacho, quien abandonó al grupo guerrillero el año pasado, luego de haberse concentrado para su desmovilización en el sur del país. Hizo parte de la columna móvil Daniel Aldana. Pero, sin embargo, alias Iván Márquez se refiere a él como un “paramilitar”. Algunos estudios realizados por organizaciones dedicadas a análisis del conflicto armado colombiano indican que en la actualidad hay cerca de 400 desertores del grupo guerrillero, pero la cifra podría ser mucho más alta, puesto que las demoras en los trámites de las leyes para su reinserción, así como el incumplimiento del Gobierno y la incertidumbre que genera su futuro inmediato, habría llevado a un número indeterminado de ellos –especialmente mandos medios y combatientes rasos– a abandonar los campamentos donde pernoctan. A ello se suman las constantes ofertas de las bacrim, que les ofrecen buenos sueldos y mejor participación en negocios ilícitos, como el narcotráfico y la minería ilegal. Hay desertores de las Farc con mando sobre varios hombres en Guaviare, Caquetá, Meta, Urabá y Nariño. Es decir, se trata de incipientes grupos de guerrilleros que si no son combatidos con eficacia a la vuelta de unos años tendrán tanta o más capacidad de hacer daño que las propias Farc que se están desmovilizando.
 

¿Quién mató a los campesinos de Tumaco?

Las versiones sobre la masacre de los ocho campesinos cultivadores de hojas de coca de Tumaco no solo son confusas, sino contradictorias. La Asociación de Juntas Comunitarias Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) señalan al Ejército y la Policía, de haber actuado de forma “irracional y desproporcionada” contra los campesinos. Igual sostienen otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. El Ejército y la Policía, por su parte, afirman que las tropas fueron atacadas con ‘cilindros-bomba’, arrojados por los disidentes de las Farc, que hacen parte de la columna ‘Daniel Aldana’, entre ellos los alias Guacho y David, quienes también habrían disparado contra la población civil. Las tropas habrían respondido al fuego en defensa propia y de los campesinos. El presidente Santos afirmó en reunión extraordinaria celebrada en la Casa de Nariño que el Gobierno tiene “versiones preliminares que estamos confirmando, por eso no queremos aferrarnos a una u otra versión”. “Hay intereses -sostuvo Santos- muy claros que se oponen tanto a la erradicación forzosa, como a la voluntaria”. 
De cualquier manera los hechos deben ser esclarecidos con prontitud y sin dejar ningún tipo de dudas. Esta masacre, como muchas otras, no puede quedar impune. Pero mientras nuestros campesinos son asesinados, los cultivos ilícitos siguen creciendo y el narcotráfico hoy es más rentable que nunca.