Cuántas veces tendremos que advertir que la presencia masiva de venezolanos en Barranquilla y la Región Caribe es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. En varias oportunidades hemos llamado la atención del Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto y asuma su responsabilidad, pero su respuesta ha sido la indiferencia total. Al parecer, el tema no está en la agenda de la Cancillería, ni tampoco en la de los ministerios de Defensa y Salud, y menos en la de Educación. 

Por lo visto nadie se conmueve con la suerte de decenas de familias venezolanas que ingresan a Colombia todos los días, desesperadas en la búsqueda de un destino mejor.

De forma irresponsable y cínica el Gobierno Nacional descargó su responsabilidad en las administraciones departamentales, municipales y distritales, que poco o nada pueden hacer para solucionar la crisis humanitaria que viven miles de familias venezolanas. Los presupuestos de dichas administraciones a duras penas alcanzan para atender las necesidades básicas de los nacionales, que son millones y quienes también necesitan atención urgente.

El drama humanitario de los desplazados de Venezuela debe ser afrontado por los dos países. Es un asunto binacional, que requiere la atención inmediata de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, quienes deben apersonarse de la situación . ¡Ya está bueno de darle largas a un asunto tan grave y urgente!

La seguridad y el orden público en Barranquilla y la Región Caribe también están comprometidas, pues, como es apenas natural, no todos los venezolanos que ingresan a Colombia son personas de bien. También llegan delincuentes y criminales, dispuestos a conformar bandas y grupos para realizar sus fechorías, como sucede en la actualidad en la capital del Atlàntico.

Por supuesto que no se trata de estigmatizar a toda la población venezolana que llega al país desplazada desde Venezuela, sino de advertir y señalar sobre una serie de hechos que involucran directamente a varios ciudadanos procedentes del vecino país.

El Gobierno Nacional no puede seguir indolente ante la crisis que viven las gobernaciones y alcaldías de la Región Caribe por cuenta del éxodo de venezolanos. No puede dejar en manos de alcaldes y gobernadores la solución a una problemática que es de su resorte. Nadie más tiene la solución. Cada alcalde y gobernador de la Región Caribe hace lo que puede con lo que tiene, que no es mucho.

De manera que todo lo que pase de aquí en adelante en materia de seguridad y orden público, que comprometa a ciudadanos venezolanos, es responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno Nacional. De nadie más.