El soporte elemental y fundamental del sistema democrático es mucho más simple de lo que se pregona.

Consiste en la separación de poderes. Esto es que cada uno de ellos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- debe funcionar de forma autónoma con respecto a los otros dos. Es decir, cada uno cumplirá con sus funciones sin tener que afectar o comprometer la autonomía de los demás.

Para evitar los choques o las confrontaciones que atenten contra la buena marcha del sistema, entonces se estableció la “colaboración armónica” entre ellos. Es decir, cada uno trabajará de forma independiente, pero su relación con los otros dos poderes será cordial y no como de perros y gatos.

Cuando se cumple con ese precepto elemental el sistema democrático funciona a la perfección. ¿Cuándo no funciona? Cuando no se cumple con él, que es lo qué pasa en Colombia en estos momentos, donde vemos que el Ejecutivo maneja a su antojo al Legislativo y quiere hacer lo propio con el Judicial.

La tristemente célebre mermelada no es otra cosa que la compra de la independencia del Poder Legislativo. Es la compra de la conciencia de los congresistas por parte de la Presidencia de la República. Así de simple. A cambio de puestos y contratos, los congresistas votan a favor todas las iniciativas que les lleva el Gobierno. Por eso no hay discusiones a fondo de los temas, ni debates de control político, ni argumentos ni contra-argumentos. Nada de eso. Lo que hay es mermelada a manos llenas para todos.

Lo único que se discute en el

Congreso es el precio del voto de los senadores y representantes a la Cámara. Por eso vemos a los ministros -en especial al de Hacienda- sentándose al lado de los congresistas para tratar de “persuadirlos” para obtener su respaldo. Y luego pasa el del Interior y el Minas y la de Cultura. Y al final aparece el Procurador General, lista en mano, para anotar quienes no asisten a las sesiones o plenarias.

Por último, está el Poder Judicial tratando de sanear las altas cortes que también cayeron en las garras de la corrupción, como se observa con el llamado “cartel de la toga”.. La independencia y autonomía de dicho Poder son hoy más cuestionadas que nunca. El sesgo ideológico que acompaña buena parte de sus decisiones -para no hablar de la compra y venta de algunos fallos- tiene a la Rama Judicial con los mayores índices de desfavorabilidad.

Así las cosas, una buena forma de comenzar a enderezar la actual situación, para tratar de superar la crisis, es restablecer la separación de poderes. Es necesario que cada uno de ellos recupere su autonomía y su independencia. Mientras sigan siendo manoseados y utilizados por los otros jamás cerraremos este lamentable capítulo de nuestra historia. Ya es hora de que el Legislativo legisle, el Ejecutivo ejecute y el Judicial administre Justicia. Tampoco es tan difícil. ¿O sí?