A la grave situación que se presenta en Colombia -en especial en las zonas de frontera- por el ingreso y asentamiento masivo de personas procedentes de Venezuela, se suman recientes denuncias realizadas en ese país, en el sentido de que el ELN estaría al frente de la distribución de alimentos por medio de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Esa labor habría sido encomendada directamente por el gobierno de Nicolás Maduro y se llevaría a cabo en los estados fronterizos del Zulia, Táchira y Apure.

La distribución y venta de las cajas CLAP es una de las mayores fuentes de corrupción en Venezuela, pues sólo los amigos del régimen chavista pueden hacerlo y son ellos quienes especulan con los precios de los alimentos. Se trata de una poderosa mafia que trafica con el dolor y el hambre de los hermanos venezolanos.

De acuerdo con Javier Tarasona, presidente de la Fundación Redes, el Gobierno de Maduro autorizó al ELN para que se encargue de distribuir los alimentos en los estados fronterizos. Tarasona respaldó la denuncia con la entrega de varias cajas CLAP en las que se observa propaganda alusiva al frente “Carlos Germán Velasco Villamizar” del ELN, que sería el encargado de vender y distribuir los alimentos.

“El ELN -dice uno de los mensajes impreso en las cajas- comparte el legado del comandante Hugo Chávez para superar la guerra económica, garantizamos el amor a los niños y el abastecimiento soberano al pueblo”.

La denuncia de la Fundación Redes es muy grave, pues dejaría en evidencia la estrecha relación de altos funcionarios del gobierno de Maduro con el ELN. El negocio mafioso de la distribución de las cajas CLAP en el vecino país sólo está en manos de los amigos del régimen chavista. Nadie más puede participar de ese multimillonario negocio.

Pero, además, la denuncia deja en evidencia una muy bien diseñada y ejecutada operación de reclutamiento de menores, que serían persuadidos por la supuesta labor benefactora del ELN, grupo guerrillero que en diciembre pasado también habría “regalado y distribuido” juguetes para los niños de las zonas de frontera con la anuencia de funcionarios del gobierno venezolano.

Maduro y sus amigos deben saber que el reclutamiento de menores es un delito de Lesa Humanidad, que atenta contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por consiguiente es objeto de drásticas penalidades y sanciones.

Haría bien el gobierno de Colombia en tomar atenta nota de las graves denuncias y conminar al ELN -con quien negocia en Quito- para que se comprometa a abandonar de inmediato el reclutamiento de menores. Pero también debería denunciar ante los organismos internacionales al gobierno de Maduro por fomentar este crimen de Lesa Humanidad.