En momentos en que se creía que Colombia viviría la primera campaña presidencial en paz de los últimos 50 años, la intolerancia y la creciente crispación política amenazan con llevar al país a una de las elecciones más violentas en la historia reciente. De las palabras y los insultos verbales se está pasando a los hechos. Cada uno de los extremos justifica las agresiones, siempre y cuando el agredido pertenezca al grupo de sus adversarios. La cuerda está muy tensa y en cualquier momento se puede romper.

En Colombia –está visto, por desgracia– la intolerancia política termina siempre en tragedia. Así ocurrió a finales de los 40 y durante los 50 con la llamada ‘Violencia’, desatada luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que dejó cientos de miles de muertos a lo largo y ancho del país. Luego, en los 90, Colombia escribió de nuevo otro capítulo de terror con la alianza de organizaciones narcotraficantes con dirigentes políticos en algunas regiones.

Tenemos el vergonzoso honor de ser el único país en el mundo que vio caer asesinados a cuatro de sus candidatos en una sola campaña presidencial: Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal. La cuota de sangre y dolor que hemos pagado es demasiado alta como para ahora revivir las heridas que apenas empiezan a sanar. Por cuenta de la violencia política, Colombia es un país de huérfanos y viudas. Así de simple, así de triste, así de trágico.

La negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los jefes de las Farc, que concluyó con la desmovilización de buena parte de los combatientes de esa organización guerrillera, fue mostrada por las partes como el comienzo de la reconciliación nacional. “Con paz, haremos más” fue uno de los tantos lemas con que el Gobierno bombardeó a los colombianos antes, durante y después de la negociación con las Farc en La Habana.

Pero el pacto de paz del Gobierno con las Farc no produjo los resultados esperados, al menos en lo que tiene que ver con la tolerancia y la reconciliación nacional. Todo lo contrario: unos y otros –amigos y contradictores de los diálogos– dirimen sus diferencias en las plazas públicas a punta de tomates, huevos crudos, ‘madrazos’ y agresiones físicas a los candidatos y líderes políticos, como ocurrió el pasado viernes con Gustavo Petro en Cúcuta y Álvaro Uribe en Popayán. Y como sucedió hace algunas semanas en Armenia con Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, candidato de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), movimiento político nacido de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El acto proselitista de Petro en Cúcuta terminó con una gresca monumental entre seguidores y contradictores del candidato presidencial, cuya camioneta fue atacada con piedras, poco antes de dar inicio a la concentración política. El desconcierto y el caos que se originó por cuenta de la agresión llevó a miembros de la comitiva de Petro a informar sobre un ataque con disparos de fusil al vehículo, pero el propio candidato aclaró lo sucedido, en un mensaje en su cuenta de Twitter: “No hay disparos en el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje con la manifestación con un centro de mando; la cárcel y Ramiro Suárez, exalcalde a quien denuncié como asesino y paramilitar. El saboteo llegó con gente en siete buses”, afirmó Petro, quien posteriormente responsabilizó a “la policía del alcalde de Cúcuta”, que lo habría llevado “preciso al punto donde me iban a atentar. Así de simple y así de bárbaro”, escribió Petro en Twitter.

Por su parte, el actual senador y máximo líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, también fue objeto de insultos, saboteos y agresiones físicas durante una manifestación en Popayán. El expresidente fue recibido con rechiflas y consignas, como las de “Uribe, paraco, el pueblo está berraco” y “Uribe, fascista, usted es el terrorista”. A la postre la intervención de la Fuerza Pública evitó que los miembros de la delegación del Centro Democrático fueran agredidos por los antiuribistas. Miembros de la comitiva de Uribe se quejaron de la participación de profesores universitarios, quienes habrían promovido los actos de sabotaje en su contra. ¿Qué está pasando en la campaña presidencial? ¿Qué deben hacer Gobierno y candidatos para llevar a cabo una campaña sin violencia?

Candidatos, a bajarle al tonito

El lenguaje incendiario y lleno de resentimiento social, empleado por el candidato Gustavo Petro y secundado en tiempo real por miles de seguidores en redes sociales, quienes actúan como ‘perros de presa’ contra todo aquel que lo critique, terminó por fomentar y agudizar la polarización que hoy se vive.

La única persona que puede apagar esa máquina es Petro. Su indiferencia y su mutismo frente a lo que sucede ante sus ojos es complicidad. Cuando quien oficia como cabeza de su lista al Senado dice en una plaza pública y delante de él, que la única razón para aspirar a la curul es “meter preso a Uribe”, sin ninguna prueba y sin mayores argumentos, solo porque sí y porque a él le da la gana, se asume que lo hace con el visto bueno de su jefe. Y si esa misma persona –luego de los inadmisibles, reprochables y condenables– hechos de Cúcuta contra Petro, se refiere a la ciudad como “República Independiente Paramilitar”, también sin ningún soporte real y de forma generalizada, solo porque así se le antojó, entonces habría que decirle al candidato presidencial que ya es hora de que llame al orden a quienes de forma irresponsable atizan las llamas del incendio.

La inmensa mayoría de cucuteños es gente honesta y trabajadora, como para que por puro oportunismo político metan en el mismo costal a los honorables con los delincuentes. Pero Uribe, como máximo líder de uno de los bandos, también debe poner orden en sus filas. Sus seguidores son tan obedientes y disciplinados como los de Petro, de manera que su comportamiento depende de las instrucciones que reciban de sus jefes. El lenguaje incendiario solo aviva el odio y el resentimiento. Así como los amigos de Petro gradúan de “paramilitares” a quienes no piensan como ellos, los de Uribe gradúan de “guerrilleros” a quienes piensan distinto. Nadie gana con una Colombia devastada. Es hora de una profunda reflexión sobre la responsabilidad que se deriva del liderazgo político. Para desarmar los espíritus hay que empezar por desarmar el lenguaje.

El Gobierno Nacional no puede lavarse las manos

La responsabilidad del tono de la campaña es de los candidatos, pero quien debe responder por lo que les pase a cada uno de ellos es el Gobierno Nacional. Aquí nadie puede lavarse las manos. Todos son culpables del color que tomó la campaña. No es suficiente con que Santos haga ahora un llamado a un debate tranquilo y pacífico. Y no es suficiente porque fue el propio Santos y sus negociadores en La Habana quienes se empecinaron en graduar de “enemigos de la paz” a los que se atrevieron a cuestionar la negociación con las Farc.

En lugar de aclimatar los diálogos, como era su obligación como mandatario de todos los colombianos, Santos optó por descalificar a sus adversarios. Y luego su desconocimiento del triunfo del NO en el Plebiscito alteró mucho más los ánimos de sus contradictores. Dividir al país entre buenos y malos fue una decisión equivocada. Las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Rivera, ante la gravedad de los hechos recientes resultan también desconcertantes.

Descargar la responsabilidad en unos alcaldes que no tienen ni recursos, ni herramientas suficientes, para hacerle frente  a manifestaciones de 30 o 40 mil personas, guiadas por discursos intolerantes y mezquinos, es una muestra de cinismo sin par. Aquí quien debe responder por todo lo que pase es el Gobierno Nacional. Ampararse en una circular vaga y carente de compromisos concretos, que deja en cabeza de las administraciones distritales y municipales la organización de grandes manifestaciones políticas solo tiene como propósito lavarse las manos y descargar en otros responsabilidades que son de su resorte.

¿Cómo hacer una campaña limpia y elevarle el nivel al debate?

Los únicos que deciden dónde quieren debatir son los candidatos. Llevar la contienda electoral al lodazal –donde está– o sacarla de ahí para darle una mayor altura depende única y exclusivamente de ellos. De nadie más. Ni siquiera los medios de comunicación, a quienes hoy les achacan todos los males, son capaces de poner en boca de un candidato lo que este quiere decir. El debate electoral debe ser de propuestas e ideas.

La confrontación política debe partir del respeto al contrario. Punto. La democracia se fortalece a partir de las diferencias y del respeto a las minorías. Todas las posturas merecen respeto, aún aquellas que podrían considerarse absurdas. La descalificación del contrario solo sirve para polarizar aún más la contienda electoral. Debates inteligentes contribuyen a formar votantes inteligentes. El voto es sagrado y nadie puede ejercer ningún tipo de presión sobre el elector. En la medida que haya votantes ilustrados –que conozcan el enorme valor que tiene el derecho a elegir y ser elegidos– se lucha de forma eficaz contra el abstencionismo, uno de los peores males de sistemas democráticos inmaduros como el nuestro. El abstencionista no vota pero elige. Esa es la gran paradoja de países como el nuestro, donde quienes no ejercen su derecho dejan en manos de una minoría el destino de la mayoría.

La plaza pública recuperó su protagonismo

Por cuenta del asesinato de Luis Carlos Galán en la plaza principal de Soacha en 1989, las campañas presidenciales en Colombia cambiaron de manera drástica. La plaza pública perdió su protagonismo, no solo por el riesgo que implica para el candidato subirse a una tarima, sino porque los debates en los recintos cerrados irrumpieron con mucha fuerza, con la anuencia de los medios de comunicación. En la actual campaña presidencial, la plaza pública recuperó su importancia como espacio natural de la contienda electoral. La plaza le permite al candidato un contacto directo con sus electores, quienes a su vez se convierten en multiplicadores del mensaje. Así como un turista satisfecho trae más turistas, un votante convencido en la plaza pública trae más votantes. Pero la plaza pública no puede convertirse en el escenario ideal para sabotear la campaña presidencial. A ella deben acudir los seguidores del candidato, no sus enemigos con la intención de torpedearlo. La intervención en una plaza pública debe estar reglamentada y ello va mucho más allá del derecho a la libre expresión, que a todos nos asiste. Uno de los puntos clave es la propia integridad del candidato. Por eso resultan absurdas expresiones como aquella de que “con o sin permiso los espero en Carabobo”, empleada por Petro en Medellín. ¿Cuentan las alcaldías del país con el personal, las herramientas y la logística para organizar en 48 horas o menos una manifestación política de 30 o 40 mil personas?