“El magistrado Malo participaba en una organización criminal encaminada a favorecer aforados en procesos de única instancia que se tramitaban en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

A esta conclusión llegó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, luego de escuchar más de cien testimonios y de recabar un buen número de pruebas en contra de quién es señalado de pertenecer al llamado “cartel de la toga”, el mayor escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia en toda su historia.

Al magistrado Gustavo Malo Fernández la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo acusa de concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, cohecho y utilización de asunto sometido a reserva.

La obligación de las autoridades judiciales -empezando por la propia Corte Suprema de Justicia- es llevar las investigaciones del llamado “cartel de la toga” hasta las últimas consecuencias. De no ser así toda decisión que tome ese alto tribunal estará bajo sospecha. Todo fallo proferido por sus togados tendrá la mácula de la corrupción y el manto de duda de la ilegalidad.

El “cartel de la toga” es la máxima expresión de lo bajo que cayeron las instituciones en Colombia. Después de una Presidencia de la República comprada con dineros del “cartel de Cali”, solo faltaba que los máximos representantes de la Justicia en Colombia le pusieran precio a sus decisiones. Cobrar por absolver a culpables y condenar a inocentes -que fue lo que hicieron los integrantes de esta organización criminal conformada por varios magistrados- es el comportamiento más aberrante de un juez. En el caso del magistrado Malo, dice la Comisión de Acusación que habría recibido más de dos mil millones de pesos.

Si la sal se corrompe, es poco lo que puede salvarse. Por eso mismo la Corte Suprema debe hacer su propio ejercicio de sanación expulsando a quienes violaron los códigos éticos y morales de la Magistratura. Es la única manera de empezar a recuperar el brillo y el prestigio que alguna vez tuvo el más alto tribunal de Justicia del país.