El ataque de las Farc al Club El Nogal de Bogotá en 2003 es la acción terrorista más aleve y cobarde de todas las perpetradas por el entonces grupo guerrillero. La intención de las Farc no fue otra que la de causar el mayor número de víctimas posibles, para enviarle un mensaje intimidante al gobierno de Álvaro Uribe y también al país que respaldaba la lucha decidida del gobierno de entonces contra esa organización subversiva.

Nada de lo ocurrido fue improvisado o producto del azar, como quedó demostrado en las investigaciones. El acto de terror ocasionó la muerte de 39 personas y cerca de 200 resultaron heridas, muchas de ellas están hoy en sillas de ruedas o padecen lesiones graves irreversibles. Todas son víctimas del atentado.

Dada la dimensión y el impacto causado por la acción criminal de las Farc contra quienes se encontraban en el club El Nogal, resulta desconcertante el fallo del Consejo de Estado, mediante el cual condena al Estado colombiano por los hechos sucedidos. Una decisión tan estrambótica no se había visto nunca antes en la histórica jurídica del país. No será fácil digerir semejante decisión, dado sus alcances y sus implicaciones.

De acuerdo con el fallo, no son las Farc las que deben responder por sus actos de terror, sino quien fuera blanco de sus ataques. No son, pues, los victimarios quienes deben rendir cuentas ante la Justicia y responder por su demencial proceder.

Si semejante tesis jurídica hace carrera, todas las acciones criminales de las Farc quedarían justificadas. Absolutamente todas. Su derecho a rebelarse contra el Estado les permitiría -con el argumento insólito del Consejo de Estado- efectuar todo tipo de acción terrorista, entre ellas la toma de poblaciones, la voladora de oleoductos, y hasta los secuestros de soldados y policías, pues todas estaban “anunciadas” y todas debieron ser evitadas por el Estado.

Pero lo grave de la decisión del Consejo de Estado es que se olvida de las Farc, organización que realizó el ataque terrorista, como protagonista de primer nivel de los hechos. ¿No tienen ellas que responder? ¿No deben pagar por sus crímenes? ¿La masacre de El Nogal fue acaso una “operación militar, producto del conflicto armado”, como han sostenido algunos de los ex jefes de las Farc? Es decir, ¿para el Consejo de Estado merece el mismo tratamiento que un combate a campo abierto?

En lugar de brindar respuestas, como espera el país en general, este tipo de decisiones judiciales como la del Consejo de Estado, lo que generan es desazón e incertidumbre en la población y en las propias instituciones del Estado. Un poco de cordura debería obligar a los consejeros de Estado a revisar una y otra vez la decisión que acaban de tomar. ¿Es es mucho pedir?