La Sociedad de Activos Especiales (SAE), designada por la Fiscalía General de la Nación para que tome el control del 82 por ciento de las acciones de la Triple A, que se encuentran en poder de la española Inassa, no es la entidad idónea para asumir semejante responsabilidad.

La SAE es una entidad con un pasado vergonzoso y un presente gris. La SAE es la misma Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), organismo que debió ser liquidado por la descarada corrupción que la carcomía. El número de altos funcionarios de ese organismo que están presos por corruptos se cuentan por docenas.

El compromiso del gobierno de Juan Manuel Santos cuando la liquidó fue el de dar a conocer los nombres de los políticos corruptos que se encargaron de saquear a la entidad que tenía la responsabilidad de administrar los bienes incautados a la mafia, que eran objeto de extinción de dominio. Hoy la SAE -que reemplazó a la perversa y corrupta DNE- no sabe ni cuántos bienes tiene bajo su custodia, ni cuánto producen, ni en qué condiciones se encuentran. Mucho menos sabe -porque no le conviene- el nombre de los políticos que se quedaron con cientos de bienes incautados a la mafia mediante una sofisticada red de testaferros. Tampoco lo sabe la Fiscalía General.

Pues bien, a esa entidad con nefastos antecedentes la Fiscalía General le dio plenas facultades para que asuma el control del 82 por ciento de las acciones de Inassa, que fueron objeto de una medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio. Aunque la Fiscalía argumente razones legales para tomar la decisión, los antecedentes prueban que la SAE no ofrece garantías para asumir la administración de la Triple A. En sus manos el fracaso será rotundo. En esta oportunidad el remedio resultará peor que la enfermedad. De eso podemos estar seguros.