La radicación ante el Congreso de la llamada Ley de Financiamiento, el pasado 31 de octubre, “día de las brujas”, por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, desató de inmediato un enorme polémica, que tiene contra las cuerdas al presidente Iván Duque. ¿La razón? Duque parece decidido a encontrar los 14 billones de pesos que le faltan para financiar el presupuesto del próximo año en los bolsillos de más de 7 millones de colombianos, que son los que conforman la clase media, quienes soportarían las consecuencias de la iniciativa.

De acuerdo con el ministro Carrasquilla, la Ley de Financiamiento tiene como principal objetivo recuperar el crecimiento económico y generar empleos de calidad, que son los mismos que llevan a todos los gobiernos a presentar iniciativas de esta naturaleza. El problema es que ninguno cumple.

La verdad cruda y cruel -en el caso de la Ley de Financiamiento de Duque y Carrasquilla- es que encontraron las alforjas vacías. Juan Manuel Santos no dejó ni para los dulces. En plata blanca ello significa que el Presupuesto General de la Nación para el próximo año está desfinanciado en unos 14 billones de pesos, aunque inicialmente el propio Carrasquilla había dicho que el descuadre era de 25 billones.

Como de lo que se trata es de encontrar cuanto antes esos 14 billones de pesos, la mejor idea que se les ocurrió a Duque y Carrasquilla fue la de meterles las manos en los bolsillos a los colombianos de clase media, al extender el cobro del IVA a más del 80 por ciento de los productos que conforman la canasta familiar, incluyendo aquellos de primera necesidad, como la carne, la leche, los huevos y el pan. En esta extensa lista también está contemplado el IVA al papel, hecho que tendría graves consecuencias para la industria editorial del país, incluyendo libros, periódicos y revistas, como bien lo destacó El HERALDO en su Editorial de ayer.

El contentillo que ofrece el gobierno al generalizar el IVA a la canasta familiar es bajarlo del 19 al 18 por ciento, así como un sistema de compensación para las personas de muy bajos recursos, mediante la utilización de las Familias en Acción. Esta propuesta es la que se conoce popularmente como la “devolución del IVA”, oferta que más bien parece otra promesa de campaña que un compromiso serio por parte del Gobierno.

El solo mecanismo que permitiría “devolver de forma anticipada” el IVA a los más pobres, requiere de una serie de maromas financieras que ni el propio Carrasquilla está en condiciones de explicar con absoluta claridad. Para empezar, la inmensa mayoría de los beneficiarios de dicha devolución no reciben facturas por sus compras, ni las piden ni se las ofrecen. ¿De qué manera piensa el Gobierno “devolver de forma anticipada”, cerca de dos billones de pesos a los más pobres?

Pero cobrar el IVA generalizado a la canasta familiar también tendría un enorme costo político para Duque. Así descargue su responsabilidad en Santos, lo cierto es que quien quedaría como un mentiroso ante el país es él, pues no cumpliría una de sus principales promesas de campaña, como fue la de no subirle los impuestos a los colombianos.

El asunto es tan delicado que el propio Centro Democrático, partido del Presidente Duque, con Álvaro Uribe a la cabeza, anunció que no respaldará la propuesta. “Solicitamos respetuosamente buscar alternativas diferentes a este gravamen a la canasta familiar”, dice uno de los apartes del comunicado expedido por el Centro Democrático. Si el propio partido de Duque sostiene que no apoyará la iniciativa, será muy difícil que lo hagan los demás, que no son gobiernistas.

Así las cosas, se puede afirmar sin temor a equivocarse que el Gobierno deberá modificar de forma drástica su Ley de Financiamiento -en lo que tiene que ver con cobrar el IVA a casi toda la canasta familiar- si quiere salvarla en el Congreso. No hacerlo sería tanto como garantizar su hundimiento. ¿Qué suerte le espera a la Ley de Financiamiento?

¿Suicidio electoral para alcaldías y gobernaciones?

A diferencia de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes en sus primeros mandatos se cuidaron de no tramitar reformas tributarias agresivas para no comprometer sus expectativas reeleccionistas, Iván Duque sabe muy bien que su gobierno tiene fecha de vencimiento: 7 de agosto de 2022. La reelección no lo trasnocha y por consiguiente bien podría darse la pela por una Ley de Financiamiento por la que tenga que pagar un gran costo político. Pero el problema para Duque y su partido es que el próximo año habrá elecciones regionales en el país.

Una Ley de Financiamiento como está proyectada por parte del Gobierno, sería la mejor bandera de campaña para sus opositores, empezando por Gustavo Petro. Punto. No hay que ser muy ducho en asuntos electorales para saber que la crítica inclemente al IVA impuesto por Duque a la carne, la leche y los huevos, sería la mejor bandera para que Petro y su movimiento político barran en alcaldías y gobernaciones. Ese hecho es el que también compromete la suerte de la Ley de Financiamiento en el Congreso, puesto que para algunos congresistas aliarse con el Gobierno -sin recibir mermelada- es tanto como un suicidio electoral.

Dios no castiga ni con rejo, ni con palo…

Al presidente Duque le están saliendo muy caras -sobre todo en redes sociales- sus despachadas contra Santos en lo que se refiere a reformas tributarias de su antecesor. Cuando Duque era senador y Santos presidente, el primero calificó como una “infamia” la reforma tributaria del segundo, que subió el IVA del 16 al 19 por ciento. Señaló en esa oportunidad que la gran damnificada de Santos sería la clase media.

En varias intervenciones en el Congreso de la República, Duque fustigó duramente a Santos por los alcances de su Reforma Tributaria, en especial por sus consecuencias en los asalariados del país.

Luego de candidato presidencial, la promesa de bajar los impuestos fue una de sus principales banderas, hasta el punto de convertirla en eslogan de su campaña: “Menos impuestos, mejores salarios”. Ahora de Presidente, la lectura parece ser bien distinta, puesto que la Ley de Financiamiento apunta, precisamente, a establecer nuevos impuestos. El costo de este viraje será muy alto, sin duda, en materia de aprobación de su gestión, poco antes de cumplir sus primeros 100 días.

Una cosa es el Centro Democrático y otra el Gobierno

Nunca antes fue tan certera la frase de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en el sentido de que una cosa es el partido de gobierno (el Centro Democrático) y otra bien distinta es el Gobierno. Pues bien, el Centro Democrático le acaba de decir al presidente Duque que no lo acompaña en la aprobación de la Ley de Financiamiento, si se mantiene en su propósito de generalizar el IVA a la canasta familiar.

Y como para que no quedaran dudas, la voz cantante la llevó el “papá de los pollitos”, el propio expresidente y actual senador, Álvaro Uribe. Así las cosas, el asunto es muy sencillo: sin el apoyo del Centro Democrático, no habrá Ley de Financiamiento, puesto que ni conservadores, ni liberales, ni mucho menos los verdes, los del Polo, los petristas y los de la Farc, se van a solidarizar con el Gobierno.

El comportamiento del Centro Democrático obedece, entre otras razones, a un cálculo electoral, que se soporta en una premisa contundente: nadie consigue un voto metiéndole las manos en los bolsillos de los votantes.

¿De dónde echar mano?

Cobrar el IVA resulta menos engorroso y más expedito para los gobiernos. Es el impuesto más fácil de cobrar y por eso les gusta tanto. Pero ningún impuesto golpea tanto a los asalariados y a la clase media nacional como el IVA. Por eso su efecto se siente de inmediato en el consumo de los colombianos. La ecuación es muy simple: a más IVA, menor consumo, que es la principal fuente de la demanda. En las actuales condiciones del país, no es recomendable espantar a los consumidores, lo que se traduciría en una disminución drástica de sus gastos. ¿Qué hacer? Es necesario reducir los gastos de funcionamiento del Estado a niveles decorosos, incluso superiores a los 6 billones de pesos anunciados por el Gobierno. Este es un Estado “derrochón” y despilfarrador.

El Gobierno debe podar la inmensa nómina oficial con todas sus arandelas, que incluyen nóminas paralelas de consultores y asesores. Debe combatir la evasión con contundencia y sin ningún tipo de concesión. Debe meterle el diente en serio a la corrupción para evitar que se repitan casos como los de Reficar, Ruta del Sol, carteles de hemofilia y demás monumentos a la corrupción nacional. Los precios del petróleo permiten una proyección optimista de los ingresos del Estado -superiores al 1.2% del PIB- lo que contribuiría a aliviar la carga presupuestada para asignar a la clase media. En fin, el Gobierno tendrá que hacer un ejercicio mucho más exigente para tratar de buscar mayores ingresos, muy distinto al camino fácil de generalizar el IVA a la canasta familiar.