El expresidente Carlos Lleras Restrepo encontró a comienzos de los 70 la frase exacta para definir la que podría ser hoy la condición de Colombia: “Un país descuadernado”. Qué otra cosa podría pensarse de una nación donde el nombre del empresario más poderoso aparece relacionado, cada día con más frecuencia, en el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas. A su lado figura el de su antiguo abogado y hoy en día el funcionario más influyente del país, después del presidente de la República, quien está al frente de la política contra las organizaciones criminales.

El descuadernamiento nacional también se refleja en el hecho de que el presidente –que acaba de cumplir 100 días en el cargo– apenas cuenta con un precario respaldo del 27 por ciento, hecho de que deja caer un manto de incertidumbre sobre las decisiones que debe tomar en el ejercicio de sus funciones.

Todo ello mientras el principal jefe de la oposición desconoce todas las sanciones proferidas en su contra –tanto judiciales como administrativas– al tiempo que convoca marchas masivas, no solo para  pasarse por la faja las decisiones que no le favorecen, sino para “revolver las aguas” y tratar de demostrar un supuesto poderío que nace de un masivo respaldo popular.

Pero la mejor demostración del descuadernamiento nacional es la desconfianza generalizada en las instituciones, entre ellas las altas cortes y el Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia –que hasta hace algunas décadas gozó de reputación y buen nombre– tiene su prestigio por el piso, entre otras cosas por culpa del llamado “cartel de la toga”, que involucra a magistrados y exmagistrados en gravísimos casos de corrupción. Hay togados y extogados enjuiciados y presos.

De los partidos y de los políticos es mejor no hablar. Los históricos –Liberal y Conservador– terminaron convertidos en “fábricas de avales”, que subsisten de los puestos y contratos que les da el presidente de turno, a quien se entregan sin pudor ni reato. La ideología que les dio origen terminó sepultada por toneladas de contratos a congresistas, quienes pasan de gobiernistas a opositores con una facilidad que espanta.

Los medios de comunicación tampoco salen bien librados del juicio de responsabilidades por parte de la opinión pública, que los señala de venderse al mejor postor, tomar partido por los poderosos y olvidarse de la búsqueda de la verdad, que es su razón de ser. Su credibilidad nunca antes había sido tan cuestionada.

La Iglesia Católica y la Policía –referentes de moral y buenas costumbres hasta hace algunos años– hoy ocupan los últimos lugares como instituciones respetables y respetadas por los colombianos. Ello obedece, sin duda, a los múltiples escándalos de corrupción y abusos en los que se han visto envueltos varios de sus miembros.

Ante este panorama desolador, es bueno explorar algunas explicaciones que permitan entender la difícil y compleja situación que vive el país. Y en ese sentido es bueno analizar el papel desempeñado por las élites, no solo políticas, sino intelectuales y empresariales. ¿Qué tanta responsabilidad les cabe en este desbarajuste institucional? Es mucha la responsabilidad que le asiste a la llamada clase dirigente, a la que el sociólogo y politólogo italiano Gaetano Mosca llamó “los gobernantes”, cuya voluntad prima sobre la de “los gobernados”.

En otras palabras, son los gobernantes quienes toman decisiones a nombre de los gobernados y la suerte de estos últimos depende de lo que decidan los primeros. Quienes marcan los derroteros a seguir son aquellos que han gozado por años de múltiples privilegios que les son negados a la inmensa mayoría, entre ellos una buena preparación académica. De ahí que la responsabilidad de la crisis recae de forma directa en quienes han tenido el privilegio de gobernar y han disfrutado de una posición dominante, según los planteamientos de Mosca. Dicha responsabilidad es insoslayable. ¿Qué tan descuadernados estamos?

¿Un gobierno descuadernado?

 El hecho de que el Gobierno haya decidido retirar del proyecto de la Ley de Financiamiento los artículos que gravaban con IVA artículos de primera necesidad de la canasta familiar, después de la intensa controversia que se desató con dicho anuncio, demuestra el grado de improvisación que acompaña algunas de sus medidas más trascendentales. ¿Desconocía el presidente Iván Duque el enorme costo político –en materia de respaldo popular– que tendría que pagar por cuenta de semejante decisión tan impopular? Si lo sabía, ¿para qué se embarcó en una apuesta tan riesgosa? ¿Lo embarcó el ministro Carrasquilla, sabiendo que al final tendría que bajarse de ese bus? ¿La decisión de incrementar con más IVA tanto cervezas como gaseosas es compartida por el presidente o es otra “idea suelta” de Carrasquilla? En otros frentes pasa más o menos lo mismo: ¿desaparece o no el Consejo Superior de la Judicatura –la entidad más desprestigiada de la  desprestigiada Rama Judicial– cuyos magistrados tratan de salvarla en el Congreso de la República? ¿Qué dice la ministra Gloria María Borrero y qué piensa el presidente? ¿Qué va a pasar con la cúpula militar y la Dirección de la Policía? ¿Los comandantes y directores van ser ratificados o removidos? ¿Qué piensa el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y qué piensa el presidente? En fin, la línea presidencial sigue sin aparecer en varias carteras, lo que contribuye a la sensación de desconcierto nacional.

Petro, ¿perseguido político o mala paga?

Las relaciones de Gustavo Petro con las decisiones administrativas o judiciales que lo afectan son bien curiosas: si lo favorecen, entonces pregona la objetividad e imparcialidad de la justicia y llama a sus contradictores políticos, entre ellos Álvaro Uribe, a que acaten los fallos. Pero si lo perjudican, entonces afirma que se trata de una persecución política y procede a convocar marchas en todo el país para que lo respalden. Ese procedimiento también contribuye al descuadernamiento nacional, pues genera mayor desconfianza en las instituciones del Estado. Contra Petro existen tres decisiones de la Contraloría de Bogotá que tienen su origen en su paso por la Alcaldía. No ha acatado ninguna, con el argumento de que quien las tomó es un “funcionario corrupto”, ficha de Germán Vargas Lleras, uno de sus principales contradictores políticos. De acuerdo con la Contraloría, las decisiones de Petro le costaron a Bogotá unos 300.000 millones de pesos y por ello deberá responder por el “detrimento patrimonial” causado. Para Petro, la decisión del Consejo de Estado de tumbar la protección provisional que le permitió ser candidato presidencial y senador también tendría motivaciones políticas y por consiguiente tampoco parece dispuesto a acatarla.

Incertidumbre y desconfianza en alza

Uno de los grandes logros en la historia reciente del país es la negociación de paz con las Farc. Desconocerlo es una tozudez del tamaño de una catedral. Punto. El propio presidente Duque, muy crítico de los diálogos en sus años de senador y también como candidato, terminó reconociendo algunas de sus bondades. Las cifras son elocuentes: cerca de 13.000 guerrilleros retornaron a la vida civil y unas 9.000 armas fueron destruidas. Pese a ello, la desconfianza de los colombianos en la negociación es creciente. Según la más reciente encuesta de Invamer Gallup, publicada a mediados de este mes, el 67,1 por ciento de los encuestados cree que el acuerdo de paz con las Farc “va por mal camino”, mientras que en septiembre el 55,6 por ciento pensaba de esta manera. De igual manera, el 77 por ciento piensa que las Farc “no cumplirán con el acuerdo de paz”, mientras que en septiembre el 72 por ciento pensaba así. El 63 por ciento cree que el Gobierno no cumplirá con los acuerdos de paz, mientras que en septiembre ese porcentaje era del 48 por ciento. La incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos es, pues, creciente.

Castigo implacable a los corruptos

Encuadernar un país que está descuadernado no es tarea solo de un gobierno. Se requiere de la voluntad de todos, en especial de la llamada “clase dirigente”, que debe dar señales claras de su compromiso con la suerte del país. En ese sentido la lucha contra la corrupción es fundamental. Si esa bandera no logra arropar a todos los colombianos es muy difícil que otra lo haga. En la lucha contra la corrupción no puede haber tibieza ni doble discurso. Debe ser implacable, caiga quien caiga. Es el caso de las investigaciones que se adelantan por el “caso Odebrecht”, cuyas pesquisas deben llevarse hasta las últimas consecuencias. Tanto el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, como el empresario, Luis Carlos Sarmiento, han dado explicaciones sobre sus actuaciones. El primero como abogado del segundo y el segundo como cabeza visible del grupo económico que se asoció con Odebrecht en grandes negocios en el país. El país sigue expectante el desarrollo de los acontecimientos, con la certeza de que no es hora de cálculos políticos, ni mucho menos de estratagemas dilatorias que impidan conocer la “verdad verdadera” de lo ocurrido. El encuadernamiento del país está directamente relacionado con el castigo que reciban quienes hayan actuado por fuera de la ley.