Por triste y doloroso que resulte, tenemos que reconocer que a Colombia le cuesta cerrar el capítulo de violencia y terror que por décadas hemos tenido que padecer. Las imágenes de hombres y mujeres inocentes con sus cuerpos destrozados y de sus familiares compungidos e impotentes ante la tragedia, siguen apareciendo en los medios de comunicación con una crueldad que lacera el alma de millones de compatriotas. La barbarie se resiste a irse. Sigue actuando todos los días en campos y ciudades del país, dejando a su paso una enorme estela de muerte y desolación.

Algunas veces esa barbarie se expresa de forma selectiva, como ocurre con los más de 400 líderes sociales asesinados en los últimos años, y otras veces de manera masiva, como ocurrió el pasado jueves en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá, donde murieron 21 personas y más de 60 resultaron heridas.

Ninguna de esas muertes tiene justificación. Ninguna. La única explicación que existe para todas ellas es la demencia. La intolerancia y el odio sirven de insumos para atentar contra todo aquel que piense distinto o que porte un uniforme para defender a todos los colombianos, como ocurrió con los jóvenes agentes de la Policía Nacional, cuyo único pecado fue el de ingresar a la Escuela General Santander para formarse como oficiales de esa institución. Las víctimas del atentado fueron en su mayoría estudiantes humildes, llenos de sueños y esperanzas.

Los colombianos no podemos permanecer indolentes ante el asesinato -selectivo o masivo- de nuestros compatriotas. La indiferencia no puede ser la respuesta ante el terror. Los violentos necesitan de parte de la inmensa mayoría de los colombianos una respuesta contundente y certera, que no admita lecturas sesgadas, ni manipulaciones ideológicas o políticas. Tenemos que desterrar la violencia del país. Las futuras generaciones merecen vivir en paz. Esa es nuestra obligación. No es asunto opcional. ¡Basta ya de tanto odio y tantas muertes! La historia de la Humanidad está llena de guerras que se acaban y de capítulos de barbarie que se cierran. Colombia no puede ser la excepción. De hecho, el país puso fin a un conflicto armado de más de cinco décadas con las Farc, organización guerrillera cuyos integrantes en su gran mayoría abandonaron las armas para reintegrarse a la sociedad. Pretender ignorar ese hecho inobjetable carece de toda sindéresis y es sencillamente una estolidez. Ya antes, en décadas pasadas, también desaparecieron el M-19, el EPL y la Corriente de Renovación Socialista (CRS), entre otros grupos insurgentes. Su fin llegó luego de negociar con los gobiernos de turno.

¿Qué hay detrás de tantas muertes en estos momentos? En el caso de los líderes sociales, que suman más de 400 en los últimos dos años, según la Fiscalía General de la Nación, es evidente que sus asesinatos están relacionados directamente con su trabajo como defensores de los intereses de la comunidad y como sus voceros naturales. No es cierto, como en algún momento afirmó Luis Carlos Villegas, ex ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, que sus muertes tenían que ver con asuntos “pasionales”.

En los primeros siete días de 2019 fueron asesinados seis líderes sociales en distintas regiones del país. Un número similar recibió amenazas de muerte, entre ellos los defensores y promotores de Derechos Humanos de El Salado, Bolívar, escenario en el pasado reciente de una de las peores masacres perpetradas por los grupos paramilitares. Por increíble y absurdo que parezca, El Salado tampoco ha podido pasar su página de terror.

En lo que tiene que ver con el atentado con carrobomba a la Escuela de Policía General Santander, la Fiscalía General atribuyó el hecho al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera cuyas conversaciones con el Gobierno se encuentran suspendidas. El organismo investigador responsabilizó del acto de terror a José Aldemar Rojas Rodríguez, quien murió una vez explotó el vehículo en el que se transportaba, luego de ingresar a la sede la Escuela de la Policía. La acción terrorista llevó al presidente Iván Duque a retirar el levantamiento de las órdenes de captura que existen contra los jefes y voceros de ese grupo guerrillero. “Basta ya, señores del ELN. Basta ya de muertos, basta ya de secuestros y de atentados contra el medio ambiente”, afirmó Duque en una alocución presidencial el viernes en la noche.¿Cómo enfrentar a los violentos para poner fin a la barbarie?.

¡Unidad, unidad, unidad!

No es hora de mezquindades. Tampoco de pasar cuentas de cobro. Es hora de hacer un frente común que interprete el clamor nacional de cerrar para siempre la página de luto, lágrimas y muertes que hemos escrito por décadas. Los muertos de la Escuela General Santander y los más de 400 líderes sociales asesinados de forma sistemática en los últimos años tienen la misma condición: son víctimas del odio, la locura, la intolerancia y la sinrazón. Matar a quien piense distinto es simple y llanamente una demostración de insania. Ante esta arremetida violenta de quienes desde distintas orillas pretenden sembrar el caos y acabar con las instituciones la única respuesta posible es la unidad nacional, sin distingos políticos, sociales, ideológicos o religiosos. Los indolentes de hoy pueden ser las víctimas de mañana. Todos estamos en riesgo, todos estamos amenazados y todos somos víctimas potenciales. El presidente de la República, que encarna la unidad nacional, está llamado a liderar este anhelo común, sin ningún tipo de cálculo partidista o político.

Respaldo total a las instituciones 

Unas instituciones fuertes sostienen a un Estado fuerte. Unas instituciones débiles sucumben ante la arremetida de quienes pretenden someterlo. Así de simple. Un Estado fuerte requiere de una Fuerza Pública y de unas Fuerzas Armadas fuertes. También de una Justicia sólida, que actúe con prontitud y eficacia. Un Estado fuerte requiere de un Legislativo ajeno a prácticas antidemocráticas perversas, que pongan precio a todas sus actuaciones. Unas instituciones corruptas corrompen al Estado y lo vuelven vulnerable e inviable. No puede haber un Estado fuerte con instituciones débiles. Esa figura no existe en ningún sistema democrático. Fortalecer nuestras instituciones es responsabilidad de todos. El Ejecutivo debe dar ejemplo de pulcritud en el manejo de los recursos y de transparencia en sus ejecutorias. El Ejecutivo no está para chantajear, pero tampoco para ser chantajeado. Su poder convocante no puede estar sujeto a mañas politiqueras o reparos mezquinos. Los organismos de control y vigilancia no pueden hacer nada distinto a controlar y vigilar. Nada más, pero tampoco nada menos. Solo así lograremos poner fin a esta horrible noche y a esta pesadilla.

Acompañamiento a las autoridades

Acompañar a las autoridades no significa cohonestar o ser cómplices de quienes, haciendo parte de ellas, incurren en prácticas irregulares o delictivas. Todo lo contrario: significa denunciar y condenar ese tipo de actuaciones. Las autoridades deben contar con nuestra solidaridad, pero también con nuestra vigilancia para que no cometan excesos. El atentado a los estudiantes de la Escuela de Policía General Santander de Bogotá fue contra todos los colombianos, que queremos y respetamos a la Institución. El ataque aleve y cobarde a un líder social en el rincón más apartado del país, es también la agresión a quienes creemos y promovemos la defensa de los Derechos Humanos. Unos y otros son colombianos y son nuestros hermanos. Ninguna diferencia política, económica, social o religiosa puede servir de pretexto para condenar o absolver a quienes atentan contra cualquier colombiano. Ningún fallo de absolución o de condena puede tener motivaciones políticas. 

Afrontar el reto impuesto por los violentos

Todo tipo de negociación con organizaciones armadas al margen de la Ley, sea el ELN o cualquier otra, debe darse desde la fortaleza y la legitimidad del Estado. Punto. Un Estado débil no negocia, sino que claudica. Es el ELN quien debe dar pruebas fehacientes de su convicción íntima de querer negociar la paz con el Estado colombiano, algo que por desgracia no ha sucedido. No pasó con el gobierno de Santos -que les brindó todo tipo de gabelas y garantías- y tampoco con el de Duque, que puso una serie de condiciones ninguna de ellas imposible de cumplir, como es la suspensión inmediata de los secuestros. Es el ELN quien debe someterse al Estado y no el Estado al ELN. Sus jefes así deben entenderlo. Los colombianos todos debemos cerrar filas contra los violentos. En el pasado lo hicimos con valor y decisión, como ocurrió en tiempos de Pablo Escobar, quien retó al Estado y pretendió someterlo. La respuesta contundente del Estado -en medio del dolor de miles de víctimas inocentes que pagaron con su vida la ira del capo narcotraficante- puso las cosas en su sitio. Esta vez no será la excepción.