“¡Gracias a Dios, a mi familia y a miles de amigos que nos han acompañado para soportar casi 5 años de injusticia! ¡Inocente de todos los cargos!”. Con este emotivo mensaje escrito en Twitter, Luis Alfonso Hoyos, expresó su satisfacción por el fin de la pesadilla que vivió por cuenta de haber sido el jefe de debate de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

El pasado jueves el Juzgado Octavo de Conocimiento de Bogotá lo absolvió de toda responsabilidad en el escándalo que el país conoció como el “hackergate”, que tuvo como principal protagonista al hacker Andrés Sepúlveda.

En esa oportunidad el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le imputó a Hoyos los delitos de “espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y cohecho”. 

Se trata de todo un arsenal de cargos gravísimos que no solo hicieron un inmenso daño a la reputación y buen nombre de Hoyos, sino que le causaron un enorme detrimento patrimonial, afectaron su entorno familiar y acabaron con su ascendente carrera política. Para decirlo de manera cruda: la Fiscalía General, en cabeza de Montealegre, “liquidó” a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, quien ahora deberá iniciar prácticamente de cero su nueva vida, al lado de sus seres queridos.

Cinco años después, la Justicia absolvió a Hoyos de toda responsabilidad en los delitos que Montealegre de manera irresponsable y aleve le imputó. Pero el daño ya fue causado y más allá de la reparación material  –que debería ser muy cuantiosa, luego de una demanda contra el Estado– el buen nombre, el prestigioso y la reputación del excongresista y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República quedó por el piso de forma irreparable.

El fallo judicial es contundente no solo en lo que tiene que ver con la inocencia de Hoyos, sino en la falta de rigor y consistencia de todas y cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía. En otras palabras: se trató de un proceso chimbo, que jamás debió iniciarse y mucho menos adelantarse.

“Este funcionario –dice el juez en su fallo– no encuentra sustento en la forma en que se adelantaron las actividades investigativas de parte de la Policía judicial, particularmente de los peritos que extrajeron la información de los dispositivos en las oficinas y el inmueble del señor Sepúlveda”.

Pero, además, el juez sostiene que en todo momento la Fiscalía atribuyó comportamientos irregulares a Sepúlveda, pese a que se trataba de un proceso contra Hoyos. De hecho, el juez argumenta que en ningún momento la Fiscalía pudo establecer que hubo un acuerdo para cometer un delito. Es decir, que el pregonado delito de “concierto para delinquir agravado”, imputado por el organismo investigador a Hoyos Aristizábal, jamás existió.

Pero hay más. El Juzgado Octavo de Conocimiento de Bogotá pudo establecer que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Eduardo Montealegre, no realizó ningún tipo de actividad para encontrar las pruebas que pudieran confirmar los testimonios según los cuales Hoyos –como asesor espiritual y jefe de debate de Zuluaga– era uno de los cerebros de esa campaña para “afectar el proceso de paz con las Farc”, como en su momento lo planteó el propio fiscal Montealegre, defensor y promotor de la negociación del Gobierno con las Farc en La Habana.

Y para despejar todo tipo de dudas acerca de la solidez de su decisión, el juez afirma que “la ausencia probatoria es la que lleva a este funcionario a entender que no se logró el cometido planteado por la Fiscalía”. ¿Cuál cometido? El de demostrar que –en efecto– Hoyos tenía el interés de “afectar” la negociación con las Farc.

El Juzgado también sostiene en su decisión que durante el juicio la Fiscalía General se abstuvo de presentar testigos que de forma directa demostraran la participación de Hoyos en los presuntos delitos. Todas las pruebas aportadas contra Hoyos carecieron del rigor investigativo necesario para inferir con grado de certeza la responsabilidad del imputado, incluyendo el famoso video –que el juez no vio, puesto que no fue aportado por la Fiscalía– en el que aparecería Hoyos reunido con Sepúlveda. 

¿Qué hacer para acabar con las investigaciones politizadas y los “falsos positivos judiciales”? ¿Cómo poner freno a la “Justicia espectáculo”? ¿Quiénes deben responder por el daño causado a personas inocentes, no solo política sino con su patrimonio?

 

“¿El ‘hackergate’ dio la Presidencia a Santos?

Una vez conocido el fallo que absolvió a Luis Alfonso Hoyos por su presunta participación en los graves delitos imputados por la Fiscalía General, entre ellos el de “afectar” el proceso de paz con las Farc, toma mayor importancia la fecha en la que se destapó el escándalo: mayo y junio de 2014. Es decir, en momentos en que el país se disponía a votar la segunda vuelta presidencial entre el candidato-presidente Juan Manuel Santos y el aspirante del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien había ganado de forma holgada la primera vuelta. El “hackergate” cambió –sin duda– el comportamiento de los votantes. El escándalo desatado luego de que la Fiscalía filtrara a la Revista Semana la información del supuesto espionaje de Zuluaga y sus asesores, entre ellos Hoyos, a la mesa de La Habana, fue de tal magnitud que dejó por el piso la credibilidad del candidato uribista y minó los cimientos de su campaña. Luego de los resultados finales de las investigaciones y conocidos los fallos favorables a Zuluaga y Hoyos, bien vale la pena preguntarse ¿cuál fue el propósito del ‘hackergate’ y quiénes estuvieron detrás de esa criminal maniobra electoral? Los fallos judiciales evidencian no solo que los supuestos culpables eran inocentes, sino que los grandes favorecidos fueron Santos –que ganó la segunda vuelta– y Montealegre que pasó a ser desde la Fiscalía General el abanderado de la negociación de La Habana.

¡Hay que acabar ya con la justicia espectáculo!

Los fiscales generales de la Nación –sin excepción– deben entender de una buena vez que los titulares de prensa no son decisiones judiciales y que la culpabilidad de los investigados solo se prueba en los estrados judiciales. 

Igual premisa debe regir para los periodistas. Unos y otros contribuyeron a crear una especie de Frankenstein de los tiempos modernos: la justicia espectáculo, que se sostiene única y exclusivamente en los titulares de los medios de comunicación. 

En nada más. Punto. Hoy los medios de comunicación absuelven y condenan con absoluta impunidad, algunas veces por motivaciones políticas y otras por el afán de exclusividad o “chiva”. Unos y otros –fiscales y periodistas– hemos establecido una relación burlesca, una especie de “matrimonio por conveniencia”, que se traduce en hechos nefastos, como el de Luis Alfonso Hoyos ahora o el del Almirante Gabriel Arango Bacci en el pasado reciente. Los dos lograron demostrar su inocencia, después de haber sido “masacrados” por toneladas de artículos de prensa que los señalaban de actos criminales, basados –casi siempre– en información filtrada por la Fiscalía General.

¡Qué paguen con su plata el daño causado!

Es muy probable que Luis Alfonso Hoyos proceda contra el Estado con el fin de buscar un resarcimiento económico por el daño causado. Igual proceder debería acompañar a centenares de colombianos 

que han sido procesados de forma injusta y que luego demostraron su inocencia, durante la etapa del juicio. De instaurar Hoyos la demanda contra el Estado colombiano, la cifra será multimillonaria, aunque hay 

que tener presente que por muy alta que sea jamás logrará reparar el daño moral causado. Ante esta circunstancia valdría la pena preguntarse: ¿Qué responsabilidad les cabe a quienes, desde su rol de funcionarios públicos, pusieron al servicio de una operación criminal todo el aparato del Estado, como pudo ocurrir –en el caso de Hoyos– con la Fiscalía General y la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Deberían dichos funcionarios pagar con sus recursos la multa que sea impuesta? ¿No son ellos los directos responsables del daño causado, pues su proceder indicaría un comportamiento doloso y de mala fe, cuya única motivación era la de causar un daño irreparable?

Y la Reforma Judicial, ¿para cuándo?

La gran reforma judicial sigue durmiendo el sueño de los justos. Todos los candidatos presidenciales prometen hacerla y todos los presidentes fracasan en su intento. Todos. Ninguna reforma ha “comido” más ministros que la Judicial. Los congresistas se mueren de susto de ponerle el cascabel a los magistrados que los investigan y los magistrados se juran intocables y por eso nadie los toca. El tristemente célebre “cartel de la toga” no pasó de un par de magistrados, que pagaron los platos que todos rompieron. La actual ministra de Justicia no parece tener muchas ganas de embarcarse en una reforma estructural. Aunque cuenta con el respaldo del presidente Iván Duque, el “fuego amigo” que está recibiendo desde las trincheras del uribismo, por cuenta de la carta “extraviada” de la JEP en el caso Santrich, hace pensar que sus días en esa cartera no serán muy largos. Así las cosas, bien podría decirse que en esta oportunidad esa platica también se perdió.