La decisión del presidente Iván Duque de objetar por “inconvenientes” 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), causó gran conmoción nacional e internacional. Y no es para menos. La JEP constituye la columna vertebral de la negociación que puso fin al conflicto de más de 50 años con las Farc. Dicha jurisdicción sostiene todos los acuerdos con esa organización insurgente desaparecida.

Por cuenta de la decisión presidencial, hay quienes afirman que el “proceso de paz está en peligro” y que el Gobierno hizo “trizas” la negociación, como en alguna oportunidad lo vaticinara el ex ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Otros, por su parte, argumentan que Duque no solo está cumpliendo con un mandato constitucional que hace parte de su fuero como mandatario de los colombianos, sino que la objeción parcial a la JEP fue una de sus promesas como candidato presidencial. Es decir, está cumpliendo con lo que ofreció cuando aspiró a suceder a Juan Manuel Santos.

Ante el tsunami que se veía venir, el propio Duque en su alocución del domingo 10 de marzo sostuvo que su decisión no significa un “choque de trenes” con las otras ramas del Poder Público, ni tampoco un desconocimiento al mandato de la Corte Constitucional, organismo que declaró exequible la Jurisdicción Especial de Paz.

Pero la comunidad internacional también se ha hecho sentir luego de la decisión de Duque, algunos por ser garantes de la negociación con las Farc y otros porque consideran que el Gobierno incurrió en un exceso que podría poner en peligro la reconciliación alcanzada con las Farc.

De las reacciones de los organismos internacionales, llamó la atención el tono empleado por la Corte Penal Internacional (CPI) para referirse al pronunciamiento de Duque. “Observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”, sostuvo el organismo, en una declaración que fue interpretada como un “tirón de orejas” al Gobierno y un espaldarazo a la JEP.

Pero, sin duda, la reacción más extrema provino de Alberto Brunori, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien afirmó que “la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de ley estatutaria de la JEP, en cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional y de los estándares internacionales relativos a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición”.

Palabras más, palabras menos, Brunori le ordena a Duque que sancione la ley ya. Por su supuesto que semejante declaración no solo resulta irrespetuosa con un gobierno que tiene plena autonomía para tomar decisiones ajustadas a la Constitución y los mandatos legales, como es el hecho de objetar una ley cuando la considere inconveniente, sino que contradice lo expresado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al canciller, Carlos Holmes Trujillo, como bien lo aclaró el embajador colombiano ante ese organismo, Guillermo Fernández de Soto. Darle órdenes al Presidente de la República no es, ciertamente, una de las funciones de un empleado de la ONU, por muchas ínfulas que tenga. El señor Brunori debería saber que está para recibir órdenes, no para darlas.

Pero la decisión del Presidente Duque tiene también una enorme carga de profundidad política. Es decir, el Gobierno llevó un asunto jurídico al terreno político, con la firme intención de medir fuerzas con los sectores opositores para saber exactamente cuánto es el músculo que tienen con miras a las elecciones de octubre. Esa es la contienda que se avecina y que mañana tendrá su primer gran capítulo con las marchas anunciadas en todo el país para -según sus promotores- “defender la paz”.

Es evidente que el Gobierno le apuesta al desprestigio de un organismo que nació desprestigiado. La JEP, desde que fue concebida en La Habana y luego conformada en el país con magistrados señalados de ser militantes confesos de una izquierda recalcitrante y enemiga de las Fuerzas Militares, no ha tenido ni prestigio ni buen nombre. 

De hecho, hoy tiene más escándalos que logros. La lista de hechos bochornosos e inclusive ilegales es interminable y va desde la renuncia intempestiva de su primer secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, hasta el “carrusel de nombramientos” de hermanos y parientes de su actual presidenta, Patricia Linares, en entidades gubernamentales, pasando por los graves señalamientos de la Fiscalía General a su ex secretaria ejecutiva, Martha Lucía Zamora.

¿Qué hacer con la JEP? ¿Defender la JEP es defender la paz? ¿Cuáles son las cartas del Gobierno?

La JEP, ¿con legalidad pero sin legitimidad?

Mas allá de que al Gobierno le asista o no la razón al objetar por “inconveniencia” 6 de los 159 artículos que la conforman, lo cierto es que la JEP carece de legitimidad. De tenerla, nos hubiéramos ahorrado el escándalo que se desató con la decisión del presidente Duque de objetarla de manera parcial. En otras palabras: la JEP puede tener legalidad, pero carece de legitimidad, que es tan importante como la primera. Desde sus inicios los detractores de la JEP, encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, han sostenido que ese tribunal se conformó para favorecer los intereses de las Farc.

Es decir: está para fallar a favor de una de las partes del conflicto y no para todas, como sería el caso de los miembros de las Fuerzas Militares. Quienes cuestionan a la JEP alegan que prueba de ello es la conformación del organismo con magistrados reconocidos como “enemigos de las Fuerzas Armadas”, o con una amplia trayectoria como militantes en organizaciones políticas abiertamente hostiles a las Fuerzas Militares. Quienes respaldan la decisión de Duque de objetar los 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP, argumentan que un tribunal así conformado no es prenda de garantía para quienes tengan la intención de someterse a sus decisiones.

Una apuesta política de un asunto jurídico

Quienes hoy asumen la defensa de la JEP, muchos de ellos con la firme convicción de estar defendiendo la paz, deben saber que dicho organismo, como fue concebido y como se comporta, no es precisamente el tribunal imparcial que garantice la legítima defensa de todas las partes involucradas en el conflicto armada colombiano. La paz que salga de la JEP no será duradera ni estable. ¿Puede ser duradera y estable una paz nacida de un tribunal donde tienen asiento con plenos poderes asesores allegados a congresistas abiertamente hostiles a las Fuerzas Armadas, como es el caso de la esposa del senador Iván Cepeda?

¿Qué garantías pueden brindar a miembros de las Fuerzas Armadas aquellos magistrados que han militado en partidos y movimientos políticos de izquierda, como es el caso de Rodolfo Arango, ex aspirante al Senado por el Polo Democrático? ¿O aquellos que hicieron parte de organizaciones como el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo? Volver a poner sobre el tapete estos asuntos -que fueron ventilados cuando se conformó la JEP y que fueron determinantes para el triunfo del NO en octubre de 2016- hace parte de la nueva apuesta del Gobierno de llevar al terreno político el debate sobre la naturaleza jurídica de la Jurisdicción Especial de Paz.

¿JEP o caos?

No tiene ningún asidero el ambiente fatalista creado por los enemigos políticos del Gobierno por cuenta de las objeciones a la JEP. La paz con las Farc es irreversible. Punto. Los que se querían devolver al monte ya lo hicieron, como alias El Paisa. Ni el propio Iván Márquez está dispuesto a cambiar las comodidades que tuvo en La Habana -con vino y paseo en Katamarán incluido- por el desasosiego que viven los guerrilleros en la selva. El Gobierno debe -eso sí- comprometerse con los excombatientes rasos (la guerrillerada) a tramitar cuanto antes su reincorporación a la vida civil. En ese sentido, el mensaje de Duque a los excombatientes no puede distinto al de garantizar su pronta reinserción a la sociedad. De manera que salir a decir que si no hay JEP habrá guerra es puro oportunismo político y resulta absolutamente irresponsable en estos momentos. La JEP se puede y se debe mejorar, si queremos para Colombia una paz duradera y estable. Pretender blindarla -pese a tantas imperfecciones y desafueros- podría resultar mucho más nocivo, que aspirar mejorarla. Ese debería ser el propósito de todos aquellos que apuestan por una paz estable y duradera en Colombia.

Delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes

Ninguna negociación de paz puede pasar por encima del castigo a quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad. Ninguna. ¿Quién puede justificar -por ejemplo- la violencia sexual contra menores? Hace bien el presidente Duque en afirmar que los delitos cometidos por comandantes y jefes de las antiguas Farc contra los menores no quedarán impunes y deberán ser conocidos por la justicia ordinaria. Los testimonios de mujeres que integran la Corporación Rosa Blanca, sobre abusos realizados por exjefes de las Farc, son desgarradores y la JEP no puede eludir su responsabilidad de escucharlos y proceder en consecuencia contra quienes son responsables de esas violaciones a los Derechos Humanos. La paz -lo dijimos al comienzo de la negociación con las Farc en La Habana y lo reiteramos hoy- no puede alcanzarse a cualquier precio, mucho menos si tiene que ver con la impunidad de actos cometidos contra nuestros menores. Son los exjefes de las Farc quienes deben responder por ello y no quienes denuncian sus abusos y tropelías. Eso también debe quedar muy claro.