“Jenny Ambuila, quería ser una ‘influencer’ con miles de seguidores en Redes Sociales y los únicos que la seguían eran la Policía y la Fiscalía”, escribió alguien en Twitter luego de conocerse la detención de la joven, al igual que la de sus padres, Omar Ambuila y Elba Chará, así como de otros funcionarios de la DIAN en Buenaventura.

A la familia Ambuila Chará se le acusa, entre otros delitos, de testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos que podrían significarles el pago de varios años de cárcel.

Jenny Ambuila se convirtió en noticia nacional por cuenta de que –a raíz de su detención– el país conoció de sus excentricidades y lujos, como ser propietaria de varios vehículos de gama alta, entre ellos un Lamborghini Huracán EVO y una camioneta Porsche, que superarían los 600 mil dólares.

Ambuila hacía ostentación en las Redes Sociales –donde aspiraba a ser “influencer”– de bolsos exclusivos, como Louis Vuitton, Chanel y Givenchy, cuyos precios también son muy elevados y de muy difícil acceso para una joven estudiante, cuyo padre se desempeñaba como funcionario de la DIAN en Buenaventura, con un salario de 6 millones de pesos.

Los ingresos de la joven como “influencer” –que alegó para justificar sus lujos– están muy lejos de permitirle ese nivel de gastos, que incluye también una matrícula por un mes en la Universidad de Harvard, que ascendió a los 8 millones de pesos.

Casos de corrupción como los de Jenny Ambuila y su familia abundan en Colombia que, como diría el ex presidente Darío Echandía, es un país de cafres. Y habría que agregar que también es de cacos, ladrones y corruptos. Ambuila no es menos corrupta, por ejemplo, que los hermanos Samuel e Iván Moreno, presos por incrementar su patrimonio en cientos de miles de millones de pesos, sin justificación alguna. Ni es menos corrupta que quienes han reconocido su participación directa en los robos a los dineros de la Salud y la Educación en distintos departamentos del país. Ni es menos corrupta que quienes recibieron millones de pesos en coimas para adjudicar contratos para favorecer a multinacionales como Odebrecht, o para beneficiar a contratistas en Reficar, entre otros muchos casos. Ni es menos corrupta que decenas de contratistas que se amangualan con funcionarios para saquear entidades oficiales.

No se trata de justificar la conducta corrupta de Ambuila, pero en Colombia hemos tenido –no de ahora, sino desde hace muchos años– ladrones de todos los géneros, colores y tamaños, que hicieron del robo continuado un estilo de vida. Hay altos jerarcas de la Iglesia Católica, generales del Ejército y la Policía, magistrados de altas cortes, ministros, gerentes de institutos descentralizados, alcaldes, gobernadores, entre otros muchos ladrones de cuello blanco.

Aunque algunos de ellos sufrieron lo que podría considerarse una sanción social, lo cierto es que muchos jamás recibieron el desprecio y la burla que han sufrido los Ambuila. Todo lo contrario: sus nombres siguen figurando en los clubes sociales de las grandes ciudades, entre ellas Bogotá, donde los siguen recibiendo como “gente bien”.

El exhibicionismo de la señorita Ambuila puso sobre el tapete, una vez más el gravísimo asunto de la corrupción en Colombia. Y por cuenta del origen étnico de la involucrada –que todo hay que decirlo– el tema terminó arrastrando otros que son igualmente graves y complejos: el clasismo y el racismo en una sociedad clasista y racista como la colombiana.

En ciertos círculos bogotanos, una afrodescendiente conduciendo un Lamborghini aúlla. Para quienes asumen una postura clasista y racista en contra de Ambuila, su pecado no parece ser el recibir dineros provenientes de actividades ilícitas de miembros de su familia, sino el hecho de ser negra. El que sea o no corrupta le importa un comino a esa misma sociedad que cuando el corrupto es uno de los suyos, simplemente lo arropa y hasta lo justifica. ¡Si es de los nuestros que robe, parece ser la premisa!

¿El tratamiento a los corruptos es un asunto de estrato en Colombia?

Y la sanción social, ¿para cuándo?

Los ex procuradores Carlos Jiménez Gómez y Alfonso Gómez Méndez siempre estuvieron de acuerdo en un tema: lo que realmente dificulta la lucha contra la corrupción en Colombia es el reconocimiento social de los corruptos. A los corruptos en Colombia, la Sociedad no los castiga, sino que los premia. Punto. Y eso no solo es dolorosamente cierto, sino evidentemente real cuando el corrupto es de clase alta. ¿Botones de muestra? Hay decenas. Uno de los tristemente célebres “Picas”, que participó a finales de los 80 de un multimillonario desfalco a decenas de familias que habían invertido en la Bolsa de Bogotá, se casó en plena cárcel con quien era entonces la presentadora más cotizada de la televisión nacional. Fernando Botero Zea, hijo del pintor más famoso de Colombia, salió del país luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por su participación directa en el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, quien no solo fue elegido Presidente de la República, sino que dejó para la historia la frase que lo inmortalizó: “Si el dinero del Cartel de Cali entró a mi campaña fue a mis espaldas”. Todos los anteriores son “gente divinamente”, como dicen los cachacos de paraguas, chapines, ajiaco y changua. Todos siguen asistiendo puntuales, muy tiesos y muy majos, a los convites del Jockey, el Gun y el Country Club de Bogotá.

Corruptos de primera, de segunda y de tercera

Uno de los rateros más célebres del país ha sido, sin duda, el muy cachaco Roberto Soto Prieto, quien se birló la bobadita de 13,5 millones de dólares el 11 de mayo de 1983, mediante una sofisticada operación electrónica. También gente “muy divinamente”, quien nunca fue expulsado de los clubes sociales capitalinos, ni tampoco debió soportar el matoneo que le toca vivir a otros igualmente corruptos y bandidos, pero ajenos a la alcurnia y los abolengos capitalinos. La lista parece interminable. Londoño White se robó por lo menos 50 centímetros del Metro de Medellín. Pero hay cacos almidonados en todas las actividades, desde Obispos hasta generales del Ejército y la Policía, pasando por alcaldes y gobernadores. La corrupción es una enfermedad transversal en Colombia. El general José Guillermo Medina Sánchez, ex director de la Policía Nacional, fue condenado por enriquecimiento ilícito. ¡Un Director de la Policía Nacional! Y si no han condenado a más generales no es porque no haya pruebas para hacerlo, sino porque no los han investigado como corresponde. Un simple cruce de cuentas a vuelo de pájaro entre sus ingresos durante toda su carrera militar y policial con su patrimonio público y a muchos no les cuadran las cuentas.

Si los corruptos hablaran…

Hace pocos días –luego de ser detenida en un retén de la Policía en Bogotá– una célebre estafadora –Giselle Jaller Jadbour, más conocida como “La Mona Jaller”– amenazó con revelar los nombres de generales del Ejército y políticos involucrados en sus negocios. ¡Que no amenace: que lo haga! Ya es hora de saber cómo logró hacer negocios con el Ejército de Colombia por miles de millones de pesos, sin haber entregado nada de lo que ofreció en los contratos. Sus encantos fueron suficientes para convencer a los altos oficiales. Pero el periodismo tampoco se salva. Alberto Giraldo, el relacionista público del Cartel de Cali, terminó preso por sus vínculos criminales con los mafiosos. Magistrados, también los hay: José Leonidas Bustos, involucrado en el llamado “Cartel de la Toga”, para sólo dar un nombre.¿No valdría la pena llamar por lo menos cómplices a los magistrados de la Corte Suprema que se quedaron callados mientras sus colegas participaban de actos criminales? Todos son corruptos y todos tienen un enorme reconocimiento social. Ya es hora de que les quiten por lo menos la tarjeta de abogados.

Ser honesto es una virtud, en estos tiempos

La corrupción se ha instalado tanto en el sentimiento nacional, que la gente decente que aspira a un cargo público empieza por presentarse como honesto. Como si se tratara de una virtud y no de un valor que se dé por descontado. Y lo que más daño produce es la falta de sanción social, que no solo es fácilmente apreciable en todos los ejemplos referidos, sino –sobre todo– en la actividad política. Colombia es el único país donde la Corte Suprema de Justicia ha encarcelado a más de 40 congresistas por actos de corrupción de distintas naturalezas. Pero –¡Oh paradoja!– todas esas dinastías políticas siguen vivas a través de sus esposas, hijos, sobrinos, hermanos, amantes y un largo etcétera. Los mismos que salen a protestar en la Región Caribe y en todo el país por la falta de agua y de acueducto, no tienen empacho en salir a votar por quienes saben que se robaron y se robarán la plata del acueducto. Y todo ello está bien, mientras el corrupto no sea un afrodescendiente y provinciano, como Jenny Ambuila, que –por corrupta– debe recibir un severo castigo, junto con los demás miembros de su familia. Mientras sea “gente divinamente”, inclusive de tierra caliente, la corrupción no se castiga: se premia. Así nos va.