Desde que inició su mandato -o desde antes, inclusive- el presidente Iván Duque ha tenido que lidiar con el nombre de Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich. Cuando al entonces candidato presidencial por el Centro Democrático le preguntaba por la suerte del líder guerrillero en caso de que llegara a la Presidencia, siempre respondía: “En mi gobierno no dudaré en extraditarlo”.

Pero una vez en la Casa de Nariño, Duque se encontró con que no era tan fácil extraditar a Santrich por la sencilla razón de que esa decisión ya no depende ni del Presidente ni tampoco de la Corte Suprema de Justicia, como ocurría antes, sino de un nuevo tribunal nacido de las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un verdadero suprapoder cuyas decisiones están por encima de las mismísimas altas cortes colombianas, cuando se trata de hechos o personas relacionadas con el conflicto armado interno. Así lo reafirmó la Corte Constitucional, cuando declaró exequibles las normas que dieron origen a la JEP.

Pese a su postura crítica a la JEP, Duque jamás compró la teoría de “hacer trizas” los acuerdos de paz de La Habana, como si sucedió con otros líderes del Centro Democrático, entre ellos el ex ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Su postura siempre ha sido más centrada y moderada, lo que ha llevado a muchos uribistas pura sangre a cuestionar su aparente tibieza. Pese a esa resistencia del ala más radical de su partido, Duque logró sintetizar su postura en una frase, que ha logrado mantener quietas las aguas, tanto de su partido como de la opinión pública: “Ni trizas ni risas”. Es decir, los acuerdos de paz no los vamos a destruir, pero tampoco vamos a permitir que se presten para que los ex jefes de las Farc se burlen de las víctimas del conflicto armado.

En sus primeros diez meses de gobierno, Duque ha tenido que lidiar con una realidad política adversa que se refleja por una parte en la pérdida del control de las mayorías en el Congreso -lo que ha comprometido la suerte de varias iniciativas del Gobierno- y por otra con un precario respaldo popular. La verdad cruda y dura es que Duque carece hoy de las dos más importantes herramientas que debe tener todo Presidente para gobernar con éxito: gobernabilidad y popularidad.

La decisión de Duque de objetar por “inconvenientes”, seis de los 159 artículos de la JEP a mediados de marzo causó una tormenta judicial y política, cuyas consecuencias todavía se sienten en el país, pues meterse con la JEP es golpear el corazón mismo de la negociación con las Farc. Y eso lo saben Duque, las Farc y -claro- los Estados Unidos.

Por eso la decisión de la JEP del pasado miércoles 15 de mayo, de ordenar no solo la libertad inmediata de Santrich, sino garantizar su no extradición a los Estados Unidos, produjo un Tsunami sin precedentes en la historia reciente del país.

La primera cabeza que rodó por cuenta del “Tsunami Santrich” fue la del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, crítico implacable tanto de los diálogos de paz como de la JEP. Casi que de inmediato cayó la de la vicefiscal María Paulina Riveros. Luego siguió la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, cuyo manejo errático de la cartera a su cargo terminó por costarle el puesto. Todo ello en un solo día y en muy pocas horas.

Pero los efectos del “huracán Santrich” no paran. Mientras el país sigue sin asimilar -y sin entender- todo lo que está pasando y algunos analistas consideran varios escenarios para superar la crisis desatada -entre ellos la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de Duque- las fichas siguen cayendo. La más reciente es la del propio Santrich, quien solo pudo disfrutar de su libertad por un par de minutos.

En efecto, no había puesto un pie en las afueras de la cárcel La Picota -por decisión de la JEP y de una orden de Habeas Corpus del Tribunal Superior de Bogotá- cuando un funcionario del CTI de la Fiscalía cumplía con el mandato legal de “recapturarlo”, bajo los señalamientos de narcotráfico y concierto para delinquir, delitos que habría cometido después de la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las Farc, el primero de diciembre de 2016. Hoy Santrich sigue preso y su suerte es una verdadera incertidumbre. ¿Que sigue en esta especie de Juego de Tronos, ahora que está tan moda la serie estadounidense?

Duque, en busca de la gobernabilidad y la popularidad perdidas

El mundo ideal de todo Presidente es poder contar con el “binomio de oro”: Gobernabilidad y Popularidad. 

Pero muy pocos lo logran. En la historia reciente de Colombia, solo uno ha gozado de esos dos privilegios: Álvaro Uribe Vélez, quien contó siempre con el respaldo del Congreso y con una imagen favorable por encima del 80 por ciento. Santos tuvo gobernabilidad, por cuenta de la mermelada que repartió a manos llenas, pero jamás tuvo popularidad. El problema de Duque es que carece de ambas. Ni tiene gobernabilidad ni es popular. Punto. Y requiere con urgencia poder tener una de las dos herramientas. El llamado a la unidad nacional -que hizo luego de conocerse la decisión de la JEP de ordenar la liberación de Santrich y que reiteró con la recaptura del ex jefe guerrillero- apunta a tender puentes con los partidos políticos, bajo la premisa de luchar contra un enemigo común: el narcotráfico, que es el grave señalamiento que pesa contra Santrich. Ese enemigo común -piensa Duque- permitirá dejar de lado las diferencias políticas para poder enfrentarlo y derrotarlo. “El país -todo- debe hacer causa común con el Presidente para poder vencer a quienes, pese a los acuerdos de paz firmados, pretenden seguir delinquiendo, amparados bajo el paraguas de la JEP”, me dijo un alto funcionario de la Casa de Nariño con quien hablé sobre la delicada situación que afronta el Gobierno. Ese propósito común tiene un aliado muy importante y decisivo en estos momentos: Estados Unidos.

Existe un Fiscal General intachable?

La gran pregunta que surge con todo el episodio de Santrich y su frustrada liberación y no extradición por orden de la JEP es la siguiente: si la Fiscalía General tenía pruebas contra Santrich -que probarían que delinquió después de la firma de los acuerdos de paz- ¿por qué no las remitió a la JEP para que las valorara y con base en ellas ordenara su extradición o su libertad? Solo pueden existir dos respuestas. La primera: no las tenía y solo las obtuvo después de la orden de la JEP de no extraditarlo. Y la segunda: las tenía pero las guardó porque desconfía de la JEP y prefiere que sea Estados Unidos, su principal aliado, quien las haga públicas una vez Santrich comparezca ante un tribunal de ese país, luego de ser extraditado. La primera respuesta es poco creíble y la segunda es más probable. La Fiscalía confía más en Estados Unidos que en la JEP y Estados Unidos confía más en la Fiscalía que en la JEP. Por eso las pruebas nunca llegaron y solo salieron a flote cuando la liberación y no extradición de Santrich era un hecho. El testimonio de Marlon Marín -sobrino de Iván Márquez- es el que tiene preso a Santrich y huyendo a Márquez. Pero también fue el que permitió la “recaptura” de Santrich, pues suministró más detalles de la forma como el ex jefe guerrillero estaría trabajando con carteles mexicanos del narcotráfico. Este testimonio goza de plena credibilidad tanto en Colombia como en Estados Unidos.

¿Existe un Fiscal General intachable?

La salida de Néstor Humberto Martínez Neira de la Fiscalía General por cuenta de su oposición a la decisión de la JEP de ordenar la liberación y no extradición de Santrich significa para Iván Duque la pérdida de un aliado muy valioso a la hora de enfrentar las organizaciones criminales, entre ellas las que integran quienes hicieron parte de las desaparecidas Farc. Martínez se había convertido en una piedra de gran tamaño en los zapatos de Santrich y compañía. Ahora el reto de Duque es enviar a la Corte Suprema de Justicia una terna de muchos quilates que permita escoger un Fiscal General sin máculas de ninguna clase. Un verdadero peso pesado, una persona -hombre o mujer- que esté por encima del bien y del mal, cuyas decisiones no sean objeto de controversias. ¿Existe? O mejor: ¿existe dentro del uribismo? Porque si algo tienen claro en la Casa de Nariño es que el próximo fiscal general -cuyo periodo se prolongará por cuatro años- no puede ser enemigo ni del gobierno ni de sus principales aliados. Pero ojo: tampoco puede ser un “yes man”, que por cuenta de su servilismo termine con la poca credibilidad que le queda a la entidad y comprometa la que atañe a las decisiones del Gobierno.

La JEP, ¿tribunal de Justicia o garante de los acuerdos con las Farc?

El comunicado de la JEP, en el que se pronuncia sobre su decisión de ordenar la libertad de Santrich y no permitir su extradición, deja muchas dudas acerca de su verdadero rol como alto tribunal de Justicia, garante de los derechos de todos los que se acojan a su mandato. Dice el comunicado de la JEP que en el caso de Santrich, actuó como “garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella (la JEP) la que propicie la crisis del proceso de paz”. Que quede claro: la JEP no es garante del proceso de paz. Esa no es su función, ni tampoco la justificación de su existencia. La JEP es un tribunal creado para impartir Justicia, independientemente de si ella afecta o no los intereses de una de las partes involucradas en el conflicto armado interno. Ser garante del proceso de paz -como se define la JEP- no puede servir de justificación para la impunidad. Lo que la JEP debe garantizar -eso si- es la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos que configuraron los delitos de los que ella se ocupa. Ojalá los magistrados que la integran entiendan de una buena vez que su rol no es el de ser garantes de la negociación con las Farc, sino el de impartir justicia. ¿O es que para la JEP ser garante de la negociación del Gobierno de Santos con las Farc implica permitir la impunidad de los delitos cometidos no sólo antes de la negociación, sino algo mucho peor: después de la firma de los acuerdos?