En la Colombia de hoy es un pecado ser menor de edad o líder social. A unos y otros los están violando o matando, ante la mirada indiferente y muchas veces cómplice no solo de sus compatriotas, sino también de las propias autoridades. 

Las cifras son escandalosas. Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), en lo que va de 2019 más de 60 líderes sociales han sido asesinados en el país, cifra que se suma a un total de 600 que han muerto desde 2017. La mayoría de ellos fueron asesinados por asumir la defensa de la comunidad o por abanderar causas sociales, que afectaban intereses de grupos poderosos en distintas regiones del país. Es decir, los acribillaron por no quedarse callados.

Esa triste, cruel y vergonzosa realidad, soportada en cifras escalofriantes, ha pretendido ser ocultada o desmentida por las autoridades, como sucedió con Luis Carlos Villegas, ex ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos, quien sin sonrojarse se atrevió a decir que a los líderes sociales del país los mataban por “motivos pasionales”.

En el actual gobierno las cifras siguen en aumento y las justificaciones son más o menos las mismas. Poco o nada ha hecho la administración de Iván Duque para mejorar las condiciones de vida y de seguridad de los líderes sociales del país. Mientras tanto, cada día en Colombia la vida de estas personas corre peligro, pues quienes no son asesinados son amenazados de muerte. En estos momentos cerca de 1000 líderes sociales han solicitado protección especial ante la posibilidad de ser víctimas de algún atentando, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

El caso de la lideresa María Mayerli Angarita Robles, vocera de las comunidades de los Montes de María, es aterrador. Hace varios meses denunció que su vida corre peligro. “Nos están matando sin que a nadie le importe”, clamó recientemente, luego de ser víctima de un atentado en el centro de Barranquilla en mayo pasado. En febrero también habían intentado asesinarla. Su situación ha generado una gran solidaridad nacional, que se ha expresado en distintos medios de comunicación, así como en varias redes sociales.

Pero así como María Mayerli Angarita encarna a decenas de líderes y lideresas del país que son amenazados y amenazadas por defender causas sociales, la pequeña Sharick Alejandra Buitrago Rayo, de apenas 10 años, simboliza la tragedia que viven los menores. La pequeña fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada la semana pasada en El Retorno, Guaviare.

Las autoridades responsabilizan de los hechos a Édinson Díaz Sarmiento, quien deberá responder por los cargos de feminicidio agravado y acceso carnal violento con menor de 14 años.

Llama la atención que contra Díaz Sarmiento constan 10 anotaciones judiciales, que van desde acceso carnal violento hasta hurto calificado, pasando por violencia intrafamiliar y acto sexual violento, pero aún así gozaba de absoluta libertad. ¿Cómo es posible que alguien con estos antecedentes pudiera tener contacto con menores de edad? ¿Que alguien con este perfil criminal no tenga ningún tipo de restricción no es acaso exponer a la comunidad -en especial a los niños- a ser víctimas potenciales de sus fechorías?

Al igual que ocurre con los líderes sociales asesinados y amenazados del país, en el caso de los menores de edad las cifras también son aterradoras. Entre enero y abril de este año fueron muertos en Colombia 213 menores y adolescentes. El año pasado el total de esa cifra fue de 673. Es decir, cerca de dos menores asesinados al día en Colombia. ¡Una barbaridad! ¡Una monstruosidad que se debe acabar cuanto antes!

Pero la cifra de niños y niñas víctimas de violencia sexual es igualmente escalofriante: 7.142 en 2018. Es decir, cerca de 20 casos al día. De ese total, 6.085 fueron niñas. La violencia contra la mujer -tanto en el caso de las lideresas sociales, como de las menores- es una constante, que evidencia, además, no solo su extrema vulnerabilidad, sino la indolencia del resto de la sociedad que mira con indiferencia esta tragedia.

¿Qué hacer ante esta gravísima situación?

La indiferencia de la Sociedad Civil es complicidad

La Sociedad Civil no puede permanecer indiferente ante el asesinato diario de líderes sociales y menores de edad. La indiferencia es complicidad. Punto. La Sociedad toda, sin distingos políticos, ideológicos, partidistas o sociales, debe hacerse sentir para frenar y poner fin a esta tragedia humanitaria. ¡Ni un líder social más, asesinado o amenazado en el país! ¡Ni un menor más, abusado o asesinado en el país! La indiferencia de la comunidad se traduce en impunidad y en patente de corso para que quienes asesinan a unos y otros continúen escalando su conducta criminal. Hay que ser contundentes y constantes en las denuncias. Hay que darle voz a las víctimas y a sus familiares. Detrás de cada uno de los 60 líderes asesinados este año en el país hay una familia, un esposo o esposa, unos huérfanos. Cada uno de ellos tiene detrás un drama, un dolor, una pena. Detrás de los 213 menores que fueron asesinados en Colombia entre enero y abril de este año hay padres y hermanos desconsolados y afligidos. Tenemos que hacer nuestro su dolor. Tenemos que hacer nuestras sus lágrimas. Tenemos que conmovernos con su aflicción. El dolor del prójimo tiene que ser nuestro dolor. Los colombianos no podemos seguir navegando plácidamente por las aguas de la indiferencia.

Colombia no puede ser una fosa común de líderes sociales

La omisión, en el caso de los asesinatos y amenazas contra los líderes sociales del país, es tan grave como la acción. Las autoridades civiles, judiciales, Militares y de Policía deben ser mucho más drásticas en las condenas de los gravísimos hechos que se cometen contra los voceros de la comunidad. No basta con decir de forma escueta y displicente que el Gobierno “condena” el asesinato de un líder o de una lideresa social, cada vez que uno de ellos es acribillado. Esa “condena” debe ir acompañada de una “acción” contundente que permita no solo perseguir y capturar a los autores intelectuales y materiales de esos crímenes, sino garantizar la vida y la integridad de quienes, como las víctimas, asumieron la vocería de la comunidad. Colombia no puede convertirse en una fosa común de líderes y lideresas sociales. Las autoridades deben ser eficaces y eficientes en el desmantelamiento de las organizaciones criminales que están detrás de las amenazas y los asesinatos de los líderes sociales del país. ¿Cuántos cabecillas están judicializados? ¿Cuántos autores intelectuales de esos crímenes están siendo procesados? Mientras ello no ocurra y no haya resultados contundentes en estos frentes, todas las “condenas” gubernamentales no pasarán de ser un saludo a la bandera.

Cadena perpetua para abusadores de menores

El secuestro, abuso sexual y posterior asesinato de la pequeña Sharick Alejandra Buitrago, en El Retorno, Guaviare, llevó al presidente Iván Duque a poner de nuevo sobre el tapete el asunto de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de los menores de edad en el país. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue mucho más allá y lamentó que no hubiera pena de muerte en el país para estos criminales. Ya es hora de que el país asuma con responsabilidad el debate de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. El fenómeno se desbordó y las cifras son demoledoras. ¡Cerca de 20 menores violados todos los días es una barbaridad! ¡Semejante cifra no puede seguir registrándose! El anuncio del presidente Duque debe estar acompañado de medidas drásticas contra quienes tienen antecedentes o graves señalamientos, como es el caso del presunto asesino de la pequeña Sharick Alejandra, quien presenta graves antecedentes, pero pese a ello gozaba de plena libertad.

Defensa y promoción de los derechos de los menores

Los Derechos de los Niños tienen carácter prevalente en la Sociedad. La defensa de su integridad física o psicológica no puede estar sujeta a cualquier tipo de restricción. Es obligación del Estado, por consiguiente, garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de los menores. En Colombia, sin embargo, la suerte de nuestros menores y adolescentes no parece importarnos. Los constantes casos de abusos y muertes de menores en lugar de conmovernos nos han vuelto insensibles ante su tragedia. El caso de la pequeña Sharick Alejandra recientemente, o el de Yuliana Samboní hace algún tiempo en Bogotá, logran despertar la sensibilidad dormida y moviliza a un sector de la Sociedad, pero al poco tiempo la tragedia se olvidada. No podemos permitir que ese apaciguamiento se apodere del país. Por eso se requiere del compromiso de toda la Sociedad a la hora de denunciar y condenar a quienes atenten contra los derechos fundamentales de nuestros menores. Debemos dejar la indiferencia y asumir esa causa como propia. Solo así podremos poner fin a esta tragedia social.