La decisión de la Corte Suprema de Justicia de fijar el próximo 8 de octubre como fecha para llevar a cabo la indagatoria al ex presidente y actual senador Álvaro Uribe produjo, como era de esperarse, una especie de Tsunami jurídico, pero sobre todo político en todo el país.

Y no es para menos. Para empezar es la primera vez que el alto tribunal llama a indagatoria a un ex presidente de la República, quien deberá rendir cuentas por sus actuaciones que lo señalan -según el alto tribunal- de “soborno y fraude procesal”, cuestionamientos que tratándose de todo un ex mandatario podrían considerarse gravísimos. El propósito de la Corte Suprema es establecer si con el conocimiento y el consentimiento de Uribe, personas cercanas a su entorno “habrían emprendido actos de manipulación de testigos”.

A partir del momento de la celebración de la indagatoria, la Suprema dispone de 10 días para resolver la situación jurídica del ex presidente. Es decir, la suerte jurídica de Uribe quedaría definida el próximo 23 de octubre, fecha que tiene una enorme carga política y electoral, puesto que el fallo se conocería cuatro días antes de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados del país. Tratándose del político más influyente en la historia nacional, es evidente que una cosa serían las elecciones del 27 de octubre con Uribe preso y otra muy distinta con Uribe en libertad.

La detención de Uribe por orden de la Corte Suprema es uno de los escenarios posibles, una vez el ex presidente comparezca ante el despacho del magistrado César Reyes, de la Sala Especial de Instrucción, quien está al frente del proceso. Si el juez considera que hay riesgo de que Uribe eluda la acción de la Justicia o afecte el curso de la investigación, podría dictar en su contra una medida de aseguramiento. Pero también podría tomar una decisión en un sentido más favorable al ex presidente, al permitirle que permanezca en libertad, mientras avanza el proceso. Es decir, seguiría vinculado pero libre.

De cualquier manera, luego de definir la situación jurídica de Uribe, se dará inicio a la práctica de pruebas, que se realiza en dos direcciones: las que ordena la Corte Suprema y las que solicita la defensa del senador y jefe natural del Centro Democrático.

Solo después de esta fase se sabrá si Uribe es llamado a juicio o si se cierra el proceso penal en su contra.

Es decir, si bien es cierto que el llamado a indagatoria le permitirá a Uribe probar su inocencia en todos y cada uno de los señalamientos que hay en su contra -como lo ha expresado en múltiples oportunidades- también hay que decir que se trata del comienzo de un camino proceloso, tortuoso y desgastante para una persona que ha dedicado los últimos 10 años de su vida a defenderse.

Sin duda alguna Álvaro Uribe Vélez es el político con mayor influencia nacional en las últimas décadas. Gracias a sus decisiones y luego de sus ocho años de gobierno, Colombia ha tenido dos presidentes: Juan Manuel Santos e Iván Duque. Mientras el primero fue elegido con su guiño y reelegido contra su voluntad, el segundo llegó a la Casa de Nariño por ser “el que diga Uribe”.

Una vez conocida la decisión de la Corte Suprema, el senador del Centro Democrático declaró que “estamos listos para acudir ante la Corte y ante la opinión pública colombiana, porque yo he trabajado por este país con amor y con honradez. Seguramente he cometido errores, pero jamás delitos”.

¿Qué hay en contra del ex presidente Uribe y cuáles son los escenarios que podrían presentarse una vez comparezca ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema?

¿Una decisión política más que jurídica?

Es evidente que la decisión de la Corte Suprema de Justicia va más allá del ámbito jurídico. Se trata, sin duda, de una medida con una enorme carga de profundidad política. Tratándose de Uribe todo lo jurídico es necesariamente político. De ahí que hay quienes sostienen que la verdadera motivación de la Corte Suprema es política y no jurídica, puesto que -dicen allegados al ex presidente- no hay soporte legal que justifique la decisión. “No hay uno solo. Lo que ha habido aquí es un irrespeto constante a los derechos de Uribe, que son los mismos que debe tener cualquier ciudadano, ni más ni menos. Las interceptaciones telefónicas que circulan manipuladas y cercenadas, fueron adquiridas de forma ilícita”, me dijo un abogado muy cercano al ex presidente. Pero el que tenga motivaciones políticas, no le quita el soporte jurídico a la decisión de la Corte Suprema, que la tomó amparada en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, el alto tribunal considera que “en virtud de los antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación”, el senador Uribe “puede ser autor o partícipe de la infracción penal”. Que el máximo tribunal de Justicia del país considere que un ex presidente de la República haya podido incurrir en una actuación irregular, que viola principios éticos fundamentales es -sin duda- un hecho gravísimo. El ex presidente Uribe tiene ahora la mejor oportunidad para demostrar su inocencia.

Uribe Vs Corte Suprema: relaciones tormentosas

La vida pública de Álvaro Uribe ha transcurrido siempre en medio de la polémica y la controversia. La confrontación parece ser su estado natural. Punto. No rehuye la pelea. “No la busca, pero tampoco la elude”, dice uno de sus amigos. Desde sus tiempos de Director de la Aerocivil hasta su llegada a la Casa de Nariño por ocho años, pasando por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, el nombre de Álvaro Uribe ha estado en medio de tormentas políticas y jurídicas. Sus amigos se hacen matar por él y sus enemigos no descansarán hasta verlo preso. El capítulo que se abre con su comparecencia el próximo 8 de octubre ante la Corte Suprema, aunque muy grave por ser quien es, no es algo para lo que Uribe no esté preparado. De hecho podría decirse que la decisión de la Corte se demoró en llegar, pues sus relaciones con ese alto tribunal son inamistosas desde sus tiempos de Presidente. El talante fuerte y autoritario de Uribe chocó con el pensamiento de magistrados que consideraban que había llegado la hora del “gobierno de los jueces”. Los capítulos escritos entre ambas partes son delirantes y turbios. Van desde las tristemente “chuzadas” a varios magistrados de la Corte Suprema, hasta las recientes “interceptaciones por error” ordenadas por ese alto tribunal contra el ex presidente.

Los jueces no son de piedra

El peor escenario para Álvaro Uribe es que la Corte Suprema le imponga una medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario. Los delitos por los cuales fue llamado a indagatoria -soborno y fraude procesal- tienen una pena mínima de 6 años. Ello significa que la medida procedente sería la detención preventiva en establecimiento carcelario. Para imponerla se requiere tan solo de dos indicios graves de responsabilidad, así como el hecho de que el juez considere que Uribe representa un riesgo “para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios”. Es decir, se trata de una decisión del resorte único y exclusivo de quien imparte justicia. Y esto, tratándose de Uribe, no es un asunto menor: los jueces no son seres de piedra o inanimados, cuyas decisiones están ajenas a emociones o malquerencias. Esa es la realidad. Es aquí donde las peleas de Uribe con los jueces le pueden salir costosas. Muchos de los magistrados que ahora fallarán son ex compañeros de Iván Velásquez y fueron solidarios con él cuando el gobierno del entonces Presidente Uribe la emprendió contra el entonces magistrado auxiliar, con testimonios como el del tristemente célebre “Tazmania”. Se supone que nada de esto debería influir en la decisión sobre la suerte de Uribe. Pero influye. Y aunque los magistrados de hoy no son los mismos de hace ocho o diez años, buena parte de los que están hicieron parte del kínder de los que se fueron, como el ex magistrado Barceló.

Una novela con muchos protagonistas

No deja de ser curioso que el proceso que tiene a Uribe viviendo su peor momento en materia judicial lo inició el propio ex presidente. En efecto, fue Uribe quien denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por injuria y calumnia, durante un debate celebrado el 17 de septiembre de 2014, en el que lo señaló de tener vínculos con grupos paramilitares. Pero el asunto a Uribe se le complicó porque la Corte no solo archivó la investigación contra Cepeda, sino que compulsó copias contra el ex presidente por presuntamente haber manipulado testigos para perjudicar a Cepeda. Ese es en líneas generales el lío en el que está metido Uribe. En ese mismo enredo está metido el congresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien también deberá rendir indagatoria ante la Corte. El gran protagonista en ambos casos es Juan Guillermo Monsalve, quien en calidad de testigo sostuvo que recibió mensajes intimidatorios para cambiar su versión de los hechos. Ahí figuran los nombres del abogado Diego Javier Cadena Ramírez -uno de los apoderados de Uribe- quien le habría pedido a Monsalve firmar un documento que exonere al ex mandatario de toda responsabilidad en hechos relacionados con paramilitarismo. También figura la esposa de Monsalve -Deyanira Gómez- quien también habría sido abordada por el abogado Cadena para que tramitara ante su esposo la firma de una carta en la que le ofreciera disculpas a Uribe. La “novela” tiene otros protagonistas, como Enrique Pardo Hasche, quien habría pedido a Monsalve no seguir colaborando con Cepeda (el senador), sino pasarse para el lado de Uribe. A la postre, la Corte Suprema decidirá quiénes son héroes y quiénes son villanos en este historia tan truculenta como confusa.