El paro nacional del 21 de noviembre (21N) fue ante todo un hecho político. Un contundente y demoledor hecho político. Los millones de colombianos indignados e inconformes que teníamos algo que decir salimos a las calles a decirlo. Minimizar ese hecho político, reduciéndolo a un simple asunto de orden público, es no solo un gravísimo error, sino que podría tener consecuencias en el futuro inmediato.

Detrás del paro nacional, convocado por las centrales obreras y sindicales, los estudiantes y distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, hubo millones de hombres y mujeres que hicieron suyo el clamor por un cambio en el manejo de los asuntos del Estado y piden un viraje radical por parte del Gobierno nacional en su política social, en especial en las iniciativas de tipo salarial, laboral o pensional.

Las expresiones de inconformidad se dieron en todo el país, en algunas ciudades de forma muy violenta, como Bogotá y Cali, y en otras muchos más pacíficas, como sucedió en Barranquilla, cuyo comportamiento fue ejemplar.

El vandalismo que se desató después de las marchas en algunas ciudades –incitado en redes sociales por opositores radicales al Gobierno– en algunos casos terminó por opacar el alcance político de la protesta generalizada.

Pero la respuesta inmediata, espontánea y certera de la ciudadanía en horas de la noche –también en todo el país, mediante un “cacerolazo” nacional– puso de nuevo las cosas en su sitio. El cacerolazo fue la respuesta de los manifestantes al gobierno –que quiso judicializar un hecho político–, pero también a los politiqueros oportunistas, que pretendieron capitalizar la inconformidad de millones de colombianos, mediante trinos incendiarios en Twitter y en otras redes sociales.

Los hechos políticos deben tener lecturas políticas. Criminalizarlos siempre será un error. Una cosa es combatir la delincuencia y el vandalismo –que hay que hacerlo desde la fortaleza del Estado con inmediatez y contundencia– y otra muy distinta es ignorar el reclamo legítimo de millones de personas. En ese sentido el presidente Iván Duque acertó al convocar una gran “conversación nacional” para buscar acuerdos que permitan “cerrar las brechas sociales, luchar contra la corrupción y construir una paz con legalidad”.

Pero así como el Gobierno nacional, con el presidente Duque a la cabeza, debe hacer la lectura correcta del hecho político que fue el paro del 21 de noviembre, sus contradictores más radicalizados, como el senador Gustavo Petro, también deben interpretar los hechos de forma acertada. El cacerolazo nacional también fue contra Petro y su forma de atizar el inconformismo nacional. El cacerolazo también fue contra la forma irresponsable como manejó la situación mediante el bombardeo incesante de trinos descabellados y absurdos.

La lectura equivocada de los hechos por parte de Petro consiste en creer que en Colombia están dadas las condiciones para una “insurrección popular” que ponga fin al gobierno de Duque. Y eso es un gravísimo error. Está demostrado hasta la saciedad que Colombia es un país que respeta las instituciones y ello incluye –por supuesto– la Presidencia de la República. Por muy inconformes que estén los colombianos con el gobierno de Duque a nadie se le ha pasado por la cabeza tumbarlo. A nadie distinto a Petro y sus fanáticos seguidores.

Aunque les duela a muchos, en Colombia hay un apego enorme por las instituciones. Tenemos claro –por ejemplo– que el abuso de unos cuantos uniformados de la Policía y del Ejército Nacional –reprochables y condenables– no compromete a las Fuerzas Armadas como institución, ni mucho menos constituye una política de Estado, encaminada a violentar los Derechos Humanos. En Colombia tenemos claro –por ejemplo– que el comportamiento criminal de unos jueces y magistrados, que hacen parte del llamado “cartel de la toga”, no compromete la institucionalidad encarnada en las altas cortes.

Ese apego institucional mantiene –por fortuna– alejada a Colombia de las tentaciones populistas que florecen en el vecindario y que tanto daño han causado a sus sistemas democráticos. La insurrección popular a la que le apuestan Petro y sus amigos –que queda en evidencia en todos y cada uno de los trinos del ex candidato presidencial– está lejos de darse, sencillamente porque en Colombia seguimos creyendo en las instituciones. Imperfectas, defectuosas y algunas con altos índices de corrupción, pero preferimos reformarlas o transformarlas en lugar de liquidarlas o aniquilarlas.

Pero la lectura política del hecho político, que fue el paro nacional, no puede prestarse tampoco para que quienes hoy posan de patriotas saquen réditos burocráticos. Su inconformidad y su indignación sólo obedece a la falta de puestos y de contratos. No hay en ellos ninguna vocación altruista. Ni la hubo antes ni la hay ahora. Sus gritos y declaraciones grandilocuentes no son por la construcción colectiva de un país mejor, sino por su afán individual y mezquino de tener una mayor participación en la nómina oficial y por acrecentar sus cuentas bancarias. Quienes tienen esas motivaciones no pueden hacer parte de esa “gran conversación nacional” a la que se refiere Duque. ¿Qué nos dejó el 21N?

El cacerolazo nacional: mensaje directo para todos

La verdadera expresión de inconformidad nacional llegó después de las marchas del 21N. Y no fue otra que el cacerolazo nacional, que siguió después de que millones de colombianos salieran a las calles y en momentos en que los vándalos empezaban a sembrar zozobra en varias ciudades.

El cacerolazo fue la respuesta espontánea y masiva de millones de colombianos al Gobierno, que pretendía criminalizar la protesta, pero también fue una cachetada para quienes de forma oportunista y politiquera pretendieron apoderarse de la inconformidad de millones de colombianos. Punto.

El cacerolazo “relegitimó” las marchas, que empezaban a ser opacadas, desde el punto de vista mediático, por los desmanes y el caos. De manera que con el “cacerolazo nacional” quedaron notificados unos y otros: el Gobierno, que deberá materializar con hechos concretos el viraje en su política social, y sus opositores más recalcitrantes, que tendrán que entender que su pretensión de pescar en río revuelto para sembrar la anarquía es absurda y carece de respaldo popular.

El alma barranquillera se hizo sentir una vez más

Mientras en algunas ciudades del país las marchas terminaron en actos de vandalismos y saqueos generalizados, en Barranquilla las cinco manifestaciones que se llevaron a cabo en toda la ciudad y en las que participaron más de 16.000 personas acabaron en paz y tranquilidad. No hubo un solo hecho de violencia que reprochar.

¡Ni uno solo! Tampoco lo hubo al día siguiente durante el cacerolazo de la Plaza de La Paz en el que también participaron miles de hombres y mujeres. Una vez más el alma barranquillera –pacífica y festiva– se hizo sentir con mucha fuerza. Pero también afloró el sentido de pertenencia, el amor por la ciudad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por autoridades de Policía, la Alcaldía Distrital, en cabeza de Alejandro Char, y los estudiantes y demás participantes en las marchas.

Hay que destacar la prudencia con que actuó el Esmad de la Policía, que con absoluta discreción acompañó las distintas manifestaciones. Quedó demostrado que el diálogo previo y franco entre las partes es fundamental para evitar hechos que lamentar. El comportamiento ejemplar de quienes participaron en las marchas en Barranquilla merece un pleno y público reconocimiento.

¡Presidente Duque, escuche al país nacional!

El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, uno de los líderes del paro nacional de 21N, fue contundente al afirmar –luego de la respuesta masiva de los colombianos– “ahora es el Gobierno quien debe dar respuestas a las exigencias y reclamos de los trabajadores”. Pero fue mucho más allá: “Ahora nos corresponde sentarnos a dialogar. No incendiar el país, que eso es una locura, una aventura”, afirmó Gómez en clara alusión al comportamiento asumido antes, durante y después del paro por Gustavo Petro.

El presidente Duque deberá –sin duda– sentarse a dialogar y negociar con los voceros de los trabajadores y también con estudiantes y con minorías étnicas y con líderes de los sectores sociales, que están siendo asesinados a lo largo y ancho del país.

Deberá oír al “país nacional”, del que hablaba Jorge Eliécer Gaitán, para diferenciarlo del “país político”, casi siempre ocupado de asuntos más pueriles y mezquinos.  Esta es una excelente oportunidad para que redefina prioridades –sobre todo en materia social– y diseñe una hoja de ruta que lo conecte con los sectores más deprimidos y vulnerables. Los partidos y movimientos políticos deberán entender que no escuchar los campanazos de alerta que los colombianos les están enviando constituye una actitud suicida en materia política y electoral.

Castigo ejemplar para los vándalos

Azuzar desde las redes sociales a las personas para que generen el caos es un comportamiento criminal. Señalar a la Fuerza Pública de estar detrás de los actos vandálicos es irresponsable y merece el repudio general. Decir que quienes están detrás de los destrozos de más de 40 estaciones de Transmilenio en Bogotá son agentes encubiertos de la Policía o delincuentes a su servicio es no solo monstruoso, sino que muestra el verdadero talante de quienes incitaban a las marchas violentas.

Los agentes de Policía que se vieron envueltos en abusos tendrán que responder por sus actos. Pero de ahí a señalar a toda la institución de estar detrás de los desmanes ocurridos en Bogotá o Cali es irresponsable y criminal. La Fuerza Pública está para asistir y ayudar a la población, como en efecto lo hizo en muchos casos, tal y como quedó registrado en videos que pretendieron ser manipulados.

El manejo responsable de las redes sociales también debería ser una lección para quienes durante días no hicieron nada distinto a justificar los ataques a bienes públicos, como Transmilenio. Los vándalos –como la tristemente célebre “Epa Colombia”, que destruyó equipos de Transmilenio– deberán ser judicializados y tendrán que responder por sus actos. Su castigo debe ser ejemplar.